El 27 de marzo editorializamos, ‘Urgentes dineros para las IPS’. Transcribimos:

“Pagos atrasados para personal de IPS por parte de los empresarios, que a su vez reclaman a las EPS y al Gobierno por un gran pasivo vencido, dieron como resultado la ya conocida estrategia del Acuerdo de Punto Final, implementada por el gobierno Duque y que los empresarios del sector han felicitado, pero se han quedado esperándola”.

Y agrega: “Mientras a las IPS privadas se les deban en el departamento más de $230 mil millones por las EPS vigentes y quebradas o intervenidas y liquidadas por el Gobierno (por malos manejos en muchos casos, pero es otra discusión), antes del coronavirus, y los recursos anunciados no habían llegado; cuando al sistema de salud pública como al Hospital Rosario Pumarejo de López, que cubre a los pobres no asegurados y a migrantes venezolanos, no se le cubre el déficit de $50.000 millones de esas EPS, vigentes y en liquidación, y $25.000 millones de la atención a migrantes, sí que es difícil atender la emergencia. Primero, que el Gobierno dé o asegure los recursos – y los gobiernos territoriales también- para poner al día las cuentas (el punto final) o esa pandemia terminará crucificándonos”.

El Cesar sin las IPS privadas, peligra. La red pública es deficiente. De las 220 UCI que se habían inscrito en el registro de Prestadores de Salud a diciembre de 2019, más de 200 eran de la red privada.

De la pública, solo conocemos las 6 UCI completas de 8, del Hospital Rosario Pumarejo de López, HRPL, las de Aguachica, que son 12 de adultos, poniéndose en servicio bajo un convenio con un prestador privado (Laura Daniela) y las de Chiriguaná no se han visto aún. Mientras el gobernador Monsalvo dice, en su rueda de prensa, que en el piso 4 del HRPL quedarían habilitadas 48, con sus respectivos respiradores artificiales; hasta ahora es una noble promesa.

Pero hay un tema adicional que ha afectado a las clínicas y son los servicios normales (sin coronavirus) que han caído mucho; las personas aplazan sus exámenes, consultas y cirugías, y hasta temen ir a urgencias por temor frente a la pandemia. Sin saberlo podrían estar afectando su salud. Un caso: la Clínica CardioVascular, manifestó que su nómina mensual era de $ 1.000 millones y solo había facturado $ 600 millones. Esto perjudica a los médicos y paramédicos relacionados con las prestaciones ordinarias.

“Así que llegó la hora de que los recursos que se movilizan para el sector de la salud lleguen al circuito prestador, que el giro directo sea universal, a la par que se faciliten anticipos a la red hospitalaria, compras de cartera, liberalización de reservas y, por encima de todo, que se remunere, de una vez por todas, la disponibilidad que hoy presentan estas instituciones. Lo anterior no impide que se empiece a flexibilizar también la atención de pacientes no covid-19 para que la favorable contención del coronavirus no termine por incrementar las cifras de enfermos y muertes por otras enfermedades. Si a los hospitales les va bien, al país le irá bien”, dijo el editorial del diario El Tiempo ayer.

Nos unimos al actual comunicado público de las clínicas privadas de Valledupar. Primero, hay que pagarles.