“Alerta, alerta vallenato, mira que ahí viene La Guajira, lo comentaba Pedro Castro, que el gran desierto se avecina”, esta estrofa de la canción ‘La profecía’, del compositor Julio Oñate Martínez, para referirse a la erosión del vecino departamento, bien puede aplicarse a la amenaza, pero de guerra, que en estos momentos representa para el Cesar el conflicto del Catatumbo.

Tal como lo habíamos puesto de manifiesto en nuestra nota editorial del 5 de marzo del presente año, la cual titulamos ‘Estrategia para el Catatumbo también es aplicable al Cesar’, ahora lo corrobora la Defensoría del Pueblo mediante la “Alerta Temprana de Inminencia No. 005- 2025, centrada en los riesgos derivados de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Bloque Magdalena Medio-Gentil Duarte, EMBF”.

En esta alerta temprana la Defensoría del Pueblo advierte sobre la amenaza existente frente al conflicto del Catatumbo, el cual ha comenzado a extenderse hacia la Serranía del Perijá, al norte del departamento del Cesar, afectando directamente a las veredas y corregimientos de los municipios de La Paz, Manaure y San Diego, muy cercanos a Valledupar.

Además, ese es el comentario generalizado entre las comunidades de esos tres municipios en mención, donde se escuchan voces señalando que “nuestra región volvió a convertirse en zona roja como en el tiempo de antes”, lo cual se evidencia con la aparición de grupos armados ilegales, en ocasiones vestido de civiles, en motocicletas, a veces con camuflados, y en cualquier clase de vehículos, visitando las fincas y los diferentes negocios o locales comerciales.

Esa situación está incidiendo de manera negativa en las actividades productivas de esa región, tanto urbanas como rurales, allí la población está siendo víctima de la extorsión y demás delitos propios del accionar de los violentos. “La gente ya no se atreve a hacer grandes inversiones en negocios de la región”, señalan.

Es muy grave lo que oficialmente indica la Defensoría del Pueblo cuando da cuenta de “una larga estela de asesinatos, desplazamientos forzados, confinamientos y desapariciones forzadas” que ya también afectan al norte del Cesar en razón a que el Catatumbo y la Serranía del Perijá “comparten características históricas y geográficas que facilitan la propagación del conflicto”. Eso ya lo habíamos dicho cuando precisamos que “en el territorio cesarense también se da la oferta y demanda de drogas ilícitas con los mismos componentes que ahora el Gobierno nacional busca contrarrestar en el Catatumbo, tales como la producción, procesamiento, tráfico, criminalidad y todos los delitos relacionados con esta actividad”.
Insistimos, hay que actuar a tiempo y prestarle atención a esta alerta temprana. El Gobierno nacional, de manera conjunta con las autoridades regionales debe darle prioridad a las recomendaciones que está haciendo la Defensoría del Pueblo que no es otra cosa que la recepción del sentir de las comunidades que viven en carne propia los impactos del conflicto armado.

Señores gobierno, es urgente tomar medidas encaminadas a evitar que la serranía de El Perijá se convierta “en un escenario alterno de confrontación”, como bien lo advierte la Defensoría.

Pero el llamado no es solo para las autoridades gubernamentales, es también para los distintos sectores productivos de la región a que se pronuncien y exijan, de una u otra manera, que se le preste atención a este grave problema que no puede pasar desapercibido y que cada vez tomará mayor fuerza si no se hace algo al respecto.