Los barrios ubicados al noroccidente de Valledupar, Francisco Javier y Villa Consuelo, se han visto afectados durante mucho tiempo por la ausencia de una política que ayude a minimizar los riesgos con los que los habitantes conviven diariamente, debido a la problemática de aguas residuales en sus calles, entre otras carencias, por la falta de servicios públicos.

Uno de los problemas que más golpea a esta comunidad es el alcantarillado, puesto que desde hace más de 14 años, cuando nació esta localidad, no cuentan con las condiciones necesarias para el buen vivir.

Recientemente EL PILÓN conoció algunos hallazgos que realizó la excontralora de Valledupar, Mary Flor Therán Puello, entre los que se encuentra la denuncia 759 de 2021, en la que se conoció las “presuntas afectaciones al medio ambiente y a la salud pública por la falta de un sistema de alcantarillado sanitario en el Barrio Francisco Javier de esta ciudad”.

En virtud de esto, la Contraloría Municipal evocó los artículos 2, 44 y 79, de la Constitución Política de Colombia, que señalan el servicio de agua potable y las soluciones de alcantarillado sanitario como un factor importante en la salud y calidad de vida de los ciudadanos, en especial para los niños y adolescentes, quienes tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano que les permita desarrollar plenamente sus capacidades, por lo cual el estado debe satisfacerlas. Ante esto se decidió realizar un análisis de los hechos denunciados.

RESULTADOS DE LA VISITA

La Contraloría realizó la inspección a ambos barrios en compañía de la Empresa de Servicio Público de Valledupar, Emdupar; las secretarías de Salud y Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo; y la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar en la que se constató, según el informe, las precarias condiciones higiénico sanitarias y ambientales generadas debido a la no disposición de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.

Entre los apuntes descritos está que la contaminación del aire, agua y suelo son evidentes, debido que las aguas producto de los quehaceres domésticos terminan en las calles por la ausencia de un sistema de alcantarillado, lo que genera que la mayoría de las viviendas tengan pozos sépticos improvisados que se rebozan cada tanto, lo que genera malos olores y contaminación.

Asimismo, apuntaron que hay un impacto negativo a la salud pública, porque los niños, en especial, tienen que transcurrir por las calles corriendo el riesgo de contraer enfermedades, entre las que se caracterizaron la diarrea aguda EDA, infecciones, hongos y otro tipo de enfermedades asociadas al contacto con estas aguas.

Más allá de esto indicaron que el impacto se puede sentir en la producción económica y en la recuperación de los ecosistemas, debido a que la filtración del agua en el suelo está generando erosión y contaminación de los acuíferos.

INVASIÓN

Uno de los puntos que aclara el órgano de control es la manera como estos barrios se desarrollaron, puesto que en sus inicios fueron invasiones que ocuparon un espacio de 216.591 metros cuadrados. En este caso teniendo la mayor extensión el barrio Francisco Javier con 156.710 metros cuadrados, mientras que Villa Consuelo con 59.881 metros cuadrados.

Sin embargo, indican que, en el año 2016 el municipio con la figura de dación en pago, realizó la legalización urbanística por un valor cercano a los 20.000 millones de pesos por políticas del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, el cual buscaba la integración de una oferta de vivienda formal o informal para tener un adecuado proceso de planificación urbana y para que los habitantes contarán con espacios públicos, equipamientos y servicios públicos adecuados.

Esto último, claramente insatisfecho, debido a las condiciones precarias descritas anteriormente. Por lo que se apuntó, que la millonaria inversión no ha dado los frutos necesarios para cumplir con lo establecido en un proceso de legalización.

INVERSIÓN

Ante los resultados arrojados por la visita realizada por el ente, la recomendación es que la administración municipal realice las inversiones planificadas y priorizadas por el POT y el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.

Finalmente, se señaló que si no se atienden las observaciones planteadas por la Contraloría Municipal, se podrían generar implicaciones patrimoniales que recaen sobre el alcalde de la ciudad, ya que se deben garantizar los derechos de las personas.

POR JHOSER BERMÚDEZ.