Hoy, alrededor de 800 estudiantes de la Universidad Popular del Cesar (UPC) están en ascuas con el pago de su matrícula para el segundo semestre académico, debido a la desfinanciación Fondo de Educación Superior del Cesar; algo que no es nuevo, puesto que Fedescesar ha tenido problemas desde que inició su implementación, hace 10 años.

Recordemos que el 15 de mayo del 2008, el entonces gobernador del Cesar, Cristian Moreno Panezo, sancionó la Ordenanza 005 del 28 de abril del 2008 de la Asamblea Departamental, a través de la cual nació el fondo para permitirles a los universitarios de los estrados uno, dos y tres, solo pagar el 30, 40 y 50 por ciento (respectivamente) del valor total del valor de la matrícula. Los requisitos para acceder al beneficio son muy básicos: pertenecer a uno de los estratos sociales antes mencionados, documentación de rigor y un promedio en calificación de 3.7.

Luego, el gobernador Luis Alberto Monsalvo, a través de otra ordenanza, cambió la figura de becas a créditos condonables; es decir, que quienes no mantuvieran el nivel académico exigido o abandonaran los estudios debía reembolsar los dineros recibidos en la matricula.

A pesar de la polémica decisión, argumentada en que así se aumentaría la calidad educativa porque los estudiantes valorarían más el beneficio, no cesaron los problemas en el proceso de matrícula porque en la Gobernación indican que no hay plata para tanta gente, solo disponen de alrededor de 8.200 millones de pesos anuales para dos semestres académicos de 14 mil estudiantes de cinco universidades asentadas en el departamento.
Recordemos que Fedescesar además de la UPC, cobija, en menor proporción, a: Universidad Nacional Abierta y Distancia (UNAD), Universidad de Pamplona, Universidad del Magdalena y Universidad Industrial de Santander (UIS).

Los problemas se centran en que ahora el gobernador Francisco Ovalle tampoco ha podido financiar a todos los estudiantes que cumplen con los requisitos estipulados, ni ha modificado la ordenanza para por lo menos subir el promedio de 3.7 a 4.0 y además filtrar el número de beneficiarios de otros departamentos. La medida que se está utilizando provisionalmente es solo asignar el beneficio a quienes tengan un promedio mínimo de 3.9, pero los de 3.8 y 3.7 (unos 800 estudiantes, solo en la UPC) quedan excluidos pese a cumplir con los requisitos. No hay derecho.

Ante este panorama es imperdonable que no haya tenido eco la propuesta que invita a los alcaldes y alcaldesas de los diferentes municipios del Cesar a que también hagan aportes al fondo y así poder ampliar la cobertura. El único que ha respondido a la iniciativa ha sido Valledupar con 600 millones de pesos en los últimos dos años.

La excusa que muchos mandatarios tendrán es que sus presupuestos son exiguos, pero sorprenden las millonarias obras que desarrollan, algunas inoficiosas. Parece importarles más las moles de concreto que la formación integral de su capital humano. Todavía hay oportunidad de reivindicarse, por lo menos en el próximo semestre, antes de que terminen sus periodos de gobierno.