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General - 15 enero, 2011

Alcaldes deben certificar zonas de difícil acceso

Ante Secretaría de Educación Para garantizar las bonificaciones del 2011 a los cerca de 950 docentes que laboran en zonas de difícil acceso de los 24 municipios no certificados, la Secretaría de Educación hizo un llamado a los alcaldes para que certifiquen estas jurisdicciones antes del 20 de enero. Los municipios que aún no han […]

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Ante Secretaría de Educación

Para garantizar las bonificaciones del 2011 a los cerca de 950 docentes que laboran en zonas de difícil acceso de los 24 municipios no certificados, la Secretaría de Educación hizo un llamado a los alcaldes para que certifiquen estas jurisdicciones antes del 20 de enero.
Los municipios que aún no han entregado las certificaciones a la Secretaría de Educación del Cesar son: Astrea, Bosconia, Becerril, Curumaní, Chimichagua, El Copey, Codazzi, Gamarra, González, La Gloria, La Paz, Pailitas, Pelaya, San Alberto, San Diego, San Martín.  La secretaria de Educación, Mariela Solano Noriega, invitó a los mandatarios locales para que se dé cumplimiento del artículo 2  del Decreto 521 del 17 de febrero de 2010, relacionado con el vencimiento del término normado, antes del 1 de noviembre de cada año para el calendario académico A, por el cual los municipios no certificados deben determinar o establecer cuáles son las zonas rurales de difícil acceso en su jurisdicción municipal.
Los corregimientos y veredas determinadas como zonas de difícil acceso deben indicar si se localizan en el establecimiento educativo todas las sedes educativas o en parte de este.
Los criterios legales que definen las zonas de difícil acceso son: que sea necesaria la utilización habitual de dos o más medios de transporte para un desplazamiento hasta el perímetro urbano; que no exista vía de comunicación que permita el transito motorizado durante la mayor parte del año lectivo, y que la prestación del servicio público de transporte terrestre, fluvial o marítimo, tenga una sola frecuencia diaria.
Solano Noriega recordó a los alcaldes que el incumplimiento de esta norma afecta la economía de los docentes y de sus municipios porque mengua los salarios, además de las consecuencias disciplinarias pertinentes.

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15 enero, 2011

Alcaldes deben certificar zonas de difícil acceso

Ante Secretaría de Educación Para garantizar las bonificaciones del 2011 a los cerca de 950 docentes que laboran en zonas de difícil acceso de los 24 municipios no certificados, la Secretaría de Educación hizo un llamado a los alcaldes para que certifiquen estas jurisdicciones antes del 20 de enero. Los municipios que aún no han […]


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Para garantizar las bonificaciones del 2011 a los cerca de 950 docentes que laboran en zonas de difícil acceso de los 24 municipios no certificados, la Secretaría de Educación hizo un llamado a los alcaldes para que certifiquen estas jurisdicciones antes del 20 de enero.
Los municipios que aún no han entregado las certificaciones a la Secretaría de Educación del Cesar son: Astrea, Bosconia, Becerril, Curumaní, Chimichagua, El Copey, Codazzi, Gamarra, González, La Gloria, La Paz, Pailitas, Pelaya, San Alberto, San Diego, San Martín.  La secretaria de Educación, Mariela Solano Noriega, invitó a los mandatarios locales para que se dé cumplimiento del artículo 2  del Decreto 521 del 17 de febrero de 2010, relacionado con el vencimiento del término normado, antes del 1 de noviembre de cada año para el calendario académico A, por el cual los municipios no certificados deben determinar o establecer cuáles son las zonas rurales de difícil acceso en su jurisdicción municipal.
Los corregimientos y veredas determinadas como zonas de difícil acceso deben indicar si se localizan en el establecimiento educativo todas las sedes educativas o en parte de este.
Los criterios legales que definen las zonas de difícil acceso son: que sea necesaria la utilización habitual de dos o más medios de transporte para un desplazamiento hasta el perímetro urbano; que no exista vía de comunicación que permita el transito motorizado durante la mayor parte del año lectivo, y que la prestación del servicio público de transporte terrestre, fluvial o marítimo, tenga una sola frecuencia diaria.
Solano Noriega recordó a los alcaldes que el incumplimiento de esta norma afecta la economía de los docentes y de sus municipios porque mengua los salarios, además de las consecuencias disciplinarias pertinentes.