Los alcaldes de Codazzí, Efraín Quintero y de Chiriguaná, Gustavo Aroca Dagil serán citados por la Procuraduría Provincial de Valledupar a fin de revisar el tema de las cárceles municipales en esas poblaciones.

Lo anterior, porque a esos dos municipios serán trasladados varios presos de la cárcel Judicial de Valledupar, decisión que fue tomada por el Ministerio Público, la Gobernación, la Alcaldía, el Inpec, entre otras entidades hace dos semanas en una reunión de Comité de Seguimiento a la Política Carcelaria.

Según el Ministerio Público, evaluarán la capacidad locativa de los reclusorios que hay en las dos poblaciones, así como el personal, para que puedan recibir los presos.

A la fecha, no ha sido trasladado de la Judicial un solo recluso por parte del Inpec, pese a los compromisos de esta institución que según la Procuraduría tampoco ha enviado el listado de los presos que pretenden sacar.

Los incumplimientos por parte del Inpec han sido reiterativos, el primero fue hecho en marzo pasado, cuando se comprometió a deshacinar la Judicial, para lo cual sacaría a más de 400 internos, pero esto nunca se cumplió.
Debido a esto, la Procuraduría hace dos semanas conminó al Inpec a asistir a la reunión de seguimiento, en donde la entidad hizo un nuevo compromiso.
En Valledupar la situación de las cárceles ha empeorado y se extendió a la Permanente Central, a la URI y al CTI de la Fiscalía que cuentan con calabozos, pero que no son sitios ideales para cuidar de los detenidos.

La cárcel Judicial tiene un hacinamiento que supera el 400%, por lo que en marzo el Inpec se comprometió a que antes del 20 de abril sacaría el 50% de éste, pero no se dio.

El reclusorio tiene hoy 1.050 internos y el temor es que se presenten alteraciones de orden público como la ocurrida en Barranquilla, en donde hubo muertos y heridos.

Sandra Santiago B.

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