Después de esperar se dio un paso trascendental en la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana. Esos acuerdos no fueron para darle desbordados privilegios, como se piensa, a los excombatientes y su dirigencia. Sino que se aprovecharon para plantear, con el apoyo de expertos técnicos, diagnósticos sobre la realidad y señalar transformaciones que sirvieran al Estado y a la sociedad. Que representaban viejos sueños de modernización de las instituciones y en particular de sus municipios.

Uno de ellos, dentro del capítulo de Reforma Rural Integral, fue el del Catastro Multipropósito, un levantamiento real de los predios existentes en el país, identificando inicialmente lo básico que son los aspectos físicos y de propiedad o tenencia. Complementados con elementos característicos del inmueble tales como el registro, ordenamiento territorial, servicios, elementos ambientales, de riesgos, etc.

Este compromiso creó en ciertos sectores prevenciones pues se consideraba que organizar era aumentar los impuestos, en particular al campo, que había sido precisamente afectado por el conflicto, dejándole secuelas de carencias y pobreza. Muchos reales dueños o explotadores lo vieron como una forma de sacar del anonimato tierras que estaban en la sombra, en algunos casos de origen delincuencial, y que deseaban mantener en la informalidad para no complicarse con la tributación y cualquier regulación legal. Estos últimos nunca fueron formados en el catastro.

Pero el presidente Duque, en quien reconocemos un acto significativo, con el apoyo de su buen consejero Carlos Enrique Moreno, un hombre venido del sector privado, impulsó la reforma del catastro y del Instituto Agustín Codazzi- IGAC a la ley del Plan de Desarrollo.

Solo el 5 % del territorio está actualizado, el 65 % no, y el resto no tiene formación catastral. El IGAC esté demasiado lento, corto, y con unos costos unitarios de formación y actualización bastantes mayores a los demostrados por Bogotá, Medellín o Barranquilla, que ya habían podido manejar su propio catastro. La Arenosa multiplicó sus impuestos no por mayores tasas sino por nuevos predios formados.

El resto de municipios, cuya cabeza son ciudades intermedias – Colombia tiene mas de 60 de mas de 100.000 habitantes- no podían, por requisitos legales, manejar su propio catastro. Valledupar no lo podía hacer a pesar de su interés.

Ahora los municipios del Cesar y de Colombia podrán manejar sus predios, se acaba el monopolio del IGAC, que no daba abasto, el cual tendrá un rol de fijación de indicadores. Aquellos, en su nueva competencia como servicio público, que mejora sus finanzas, serán vigilados por la Superintendencia de Notariado y Registro. Nuevos dueños con sus títulos podrán acceder al financiamiento.

Arrancamos con la meta fijada por Duque de actualizar el 60 % de los predios en 2022 y US $100 millones del Banco Mundial. Buena… Presidente.