Con pancartas, banderas de Colombia y silbatos, habitantes de las invasiones Brisas de La Popa, Los Guasimales, Bello Horizonte 2 y Altos de Pimienta, se tomaron la Gobernación del Cesar para reunirse con la gobernadora Elvia Milena Sanjuán y con el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, con el propósito de que se establezcan acciones concretas que permitan la legalización del predio Sabana 1. 

De acuerdo con la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, en la mesa técnica se conformó una comisión de seguimiento permanente para dar inicio a acciones administrativas y jurídicas en relación a la problemática del desalojo de más de 8.000 familias que residen en el predio Sabana 1.

“Buscamos convertir a esta situación problema en una realidad de desarrollo urbanístico y de crecimiento para el municipio.  A nosotros no se nos está permitiendo llevar extensión de redes de acueducto, alcantarillado, pavimento urbano e invertir en escuelas en estas zonas porque son asentamientos ilegales”, manifestó Sanjuán. 

En ese sentido, la mandataria departamental aseveró que el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, se comprometió a que un equipo de la administración municipal, realice levantamientos topográficos, estudie los títulos y haga los respectivos avalúos del predio Sabana 1. “En la medida de que se vayan consolidando dichas acciones iremos llevando a la mesa otros actores como los dueños de los predios para conciliar con ellos y erradicar este problema social”. 

VOLUNTAD Y COMPRA 

La mandataria departamental afirmó que se construirá un cronograma de actividades, acciones y mesas técnicas que serán dadas a conocer a cada uno de los actores inmersos en la Sentencia T-946 de la Corte Constitucional, la cual ordena el desalojo de los cuatro asentamientos humanos ubicados en el predio Sabana 1.  

“Hay una fecha estimada para el desalojo y los abogados han querido avanzar en no incentivar más desacatos dándole tiempo a los gobiernos de que logren hacer acciones distintas. Nosotros lo que debemos hacer es trabajar a favor de la gente y es algo que hemos demostrado con esta reunión y en tiempos anteriores también”, comentó Sanjuán. 

Al respecto, Evaristo Rafael Rodríguez, apoderado de la familia Pimienta, comentó que los propietarios del predio tienen la voluntad de buscar una alternativa legítima durante el proceso y que no se preste a dilataciones, “pero al parecer por parte de los entes gubernamentales no hay lo mismo”. 

“En la reunión no hubo un resultado concreto a pesar de que ellos digan que tienen la voluntad, que protegen la propiedad privada y respetan los fallos judiciales. Se concluyó que harán mesas y más mesas hasta el punto que la gobernadora manifestó que este apenas será el inicio y que esto posiblemente se consolide en administraciones futuras. Por esta razón no deslumbrarnos ninguna voluntad concreta, por ejemplo, con el compromiso presupuestal para la compra de los predios”, argumentó Rodríguez.  

¿SE SIGUE DILUYENDO EL PROCESO?

De acuerdo con Evaristo, las administraciones pasadas han contado con los mecanismos para hacer el proceso de desalojo, pero presuntamente hicieron mal uso de ellos y “ahora los actuales no dan respuesta de las viviendas construidas para las familias asentadas en el predio”. 

“Se construyeron 802 viviendas con una inversión de 41 mil millones de pesos como parte de un amparo constitucional para restablecer los derechos fundamentales tanto de la comunidad asentada como los derechos a la propiedad privada. Ese mecanismo fue destruido mediante la desaparición de las viviendas porque se las entregaron a personas que no son beneficiarias en la sentencia”, manifestó Rodríguez. 

Explicó que también en el año 2015 se construyeron unos albergues temporales para las familias invasoras, pero “en la administración saliente de Fredy Socarrás y entrante de Tuto Uhía dejaron los albergues sin seguridad y estos fueron destruidos”. 

Agregó que las 802 viviendas hacen parte de la Urbanización Porvenir y que después de haber sido entregadas a personas que no eran beneficiarias en la sentencia, “la administración de aquel entonces predicó el incumplimiento de la orden de la Corte cuando las viviendas ya estaban construidas”. 

Por Namieh Baute Barrios