La procuradora regional del Cesar, Maríantonia Orozco Durán, decidió realizar una audiencia preventiva ante la queja presentada en su despacho por Pedro León Arango, quien dice ser veedor comunitario.

Según la queja, el alcalde Augusto Ramírez Uhía ha tenido “un manejo irregular y consentido con el proyecto denominado ciclorruta”.

Lo que busca el Ministerio Público es escuchar  las razones que ha tenido la actual administración municipal para no hacer mantenimiento a los elementos que hacen parte de la ciclorruta, los cuales están totalmente destruidos.

El contrato

Tras una licitación pública, el alcalde Fredys Socarrás Reales adjudicó el 18 de agosto de 2015 el contrato de obras número 631 al Consorcio Dimensión Vial Valledupar, representado legalmente por Germán Augusto Barón Bustos e integrado por las firmas Freestone Construcciones S.A.S., con el 70 % y Fernando Pedraza Velásquez, con el 30 %.

El contrato por valor de 1.253 millones 105 mil 902 pesos, cuyo objeto era el “fortalecimiento de la infraestructura de la red vial urbana del municipio de Valledupar”, incluía la ejecución de la ciclorruta que desde un principio generó todo tipo de críticas por considerarla inoportuna e inadecuada para la zona céntrica de la ciudad, tal como lo afirman aún los usuarios del centro de Valledupar.

Investigación

En la Procuraduría también cursa una investigación disciplinaria en contra de Fredys Socarrás y Oscar Tom, su secretario de Tránsito, por la ejecución de este contrato y la construcción de la ciclo ruta.

Ahora Augusto Ramírez Uhía deberá explicar por qué no ha realizado mantenimiento a la estructura y por qué la ha dejado deteriorar.

Ramírez Uhía no está de acuerdo con esa ciclorruta y así lo ha manifestado en varias oportunidades.

La ciclo ruta fue un proyecto ejecutado en la administración municipal de Freddy Socarrás, con una inversión de más de mil millones de pesos.

Redacción EL PILÓN