Luego de participar en la audiencia pública de seguimiento al cumplimiento de la Tutela T-946 de 2011 sobre el tema de vivienda para familias desplazadas, el Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, como respuesta al fallo de la Corte Constitucional decidió acompañar la propuesta del Alcalde de Valledupar, Fredys Socarras Reales
Por: Pepe Morón Reales
Luego de participar en la audiencia pública de seguimiento al cumplimiento de la Tutela T-946 de 2011 sobre el tema de vivienda para familias desplazadas, el Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, como respuesta al fallo de la Corte Constitucional decidió acompañar la propuesta del Alcalde de Valledupar, Fredys Socarras Reales, de constituir una bolsa tripartita a la que aportarían recursos, por el orden de 2 mil millones de pesos cada uno, para la construcción de albergues temporales que beneficiarán a las personas asentadas en los predios invadidos, conocidos como Sabana 1 y Altos de Pimienta.
En cuanto a esta bolsa, en la que también hará su aporte la Unidad Nacional de Víctimas, el Alcalde Socarras, señaló que ésta servirá para que más adelante se suscriba un convenio interadministrativo y adelantar una selección objetiva de una empresa o firma privada que se encargue de construir los respectivos albergues.
Sobre el particular, el representante de la Unidad de Víctimas, solicitó al Juez de conocimiento, un tiempo perentorio para dar respuesta a la propuesta de dicha bolsa e informar a su vez el monto de los recursos que aportarán. Ante esta petición el Juez respondió que esperan por parte de la Unidad una respuesta precisa y concreta, y de esta manera las tres entidades presentarán ante el Juzgado el Plan con los tiempos de su implementación.
Por otra parte el Departamento de la Prosperidad Social, DPS, ente que también participó de la audiencia, expresó no contar con recursos para aportar en la construcción de los albergues, pero a su vez solicitaron llevar a cabo una mesa de trabajo con los magistrados de la Corte Constitucional, con el fin de exponer la delicada situación, ya que los desplazados manifiestan de forma contundente que no es su voluntad irse a vivir a dichos albergues, de ser así, será por la fuerza, exponiéndolos de esta manera a un doble desplazamiento forzoso.
Luego de participar en la audiencia pública de seguimiento al cumplimiento de la Tutela T-946 de 2011 sobre el tema de vivienda para familias desplazadas, el Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, como respuesta al fallo de la Corte Constitucional decidió acompañar la propuesta del Alcalde de Valledupar, Fredys Socarras Reales
Por: Pepe Morón Reales
Luego de participar en la audiencia pública de seguimiento al cumplimiento de la Tutela T-946 de 2011 sobre el tema de vivienda para familias desplazadas, el Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, como respuesta al fallo de la Corte Constitucional decidió acompañar la propuesta del Alcalde de Valledupar, Fredys Socarras Reales, de constituir una bolsa tripartita a la que aportarían recursos, por el orden de 2 mil millones de pesos cada uno, para la construcción de albergues temporales que beneficiarán a las personas asentadas en los predios invadidos, conocidos como Sabana 1 y Altos de Pimienta.
En cuanto a esta bolsa, en la que también hará su aporte la Unidad Nacional de Víctimas, el Alcalde Socarras, señaló que ésta servirá para que más adelante se suscriba un convenio interadministrativo y adelantar una selección objetiva de una empresa o firma privada que se encargue de construir los respectivos albergues.
Sobre el particular, el representante de la Unidad de Víctimas, solicitó al Juez de conocimiento, un tiempo perentorio para dar respuesta a la propuesta de dicha bolsa e informar a su vez el monto de los recursos que aportarán. Ante esta petición el Juez respondió que esperan por parte de la Unidad una respuesta precisa y concreta, y de esta manera las tres entidades presentarán ante el Juzgado el Plan con los tiempos de su implementación.
Por otra parte el Departamento de la Prosperidad Social, DPS, ente que también participó de la audiencia, expresó no contar con recursos para aportar en la construcción de los albergues, pero a su vez solicitaron llevar a cabo una mesa de trabajo con los magistrados de la Corte Constitucional, con el fin de exponer la delicada situación, ya que los desplazados manifiestan de forma contundente que no es su voluntad irse a vivir a dichos albergues, de ser así, será por la fuerza, exponiéndolos de esta manera a un doble desplazamiento forzoso.