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Judicial - 16 abril, 2016

Alcalde de Aguachica apelará decisión de juez que lo envió a la cárcel

Un juez de Barrancabermeja ordenó el traslado de Henry Montes a una cárcel en Bucaramanga.

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El Juzgado Segundo Penal de Barrancabermeja dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para cinco de los seis capturados por irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar en el municipio de Aguachica, Cesar.

Dentro de los capturados se encuentran: el alcalde del municipio, Henry Ali Montes Montenegro; Juan Carlos Zuleta Neira, gerente de Planeación y Obras, y quien estaba como alcalde encargado al momento de suscribir el convenio de alimentación escolar; Nicolás Julio González Monroy, jefe de la oficina jurídica municipal; Ariela Pallares Santiago, supervisora del convenio en Aguachica, Diana Margarita Trujillo Arévalo, representante legal de la Fundación Provenir, con quien el municipio suscribió el convenio.
La otra persona es Rodolfo Rincón Páez, secretario de Educación municipal, encargado de realizar los estudios previos y fue judicializado en Aguachica debido a que en el momento que iba ser detenido por los agentes del CTI de la Fiscalía estaba hospitalizado por una afección respiratoria en un centro asistencial de ese municipio.

Durante la audiencia concentrada los implicados en el escándalo de alimentación escolar no se allanaron a los cargos imputados por la Fiscalía, como presuntos responsables de los delitos de incumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y peculado por apropiación.
El abogado David Ramos quien defiende al alcalde Henry Montes manifestó: “a partir de hoy la defensa inicia su proceso de recolección de pruebas con el objetivo de lograr revocar la medida de aseguramiento, de detención preventiva en establecimiento carcelario”.

Mientras que el Director Nacional de Fiscalías, Luis González León, manifestó que de llegar a comprobarse la responsabilidad de los capturados en las irregularidades del contrato de alimentación la pena a imponer podría variar entre 15 y 20 años.

Redacción Judicial / EL PILÓN

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16 abril, 2016

Alcalde de Aguachica apelará decisión de juez que lo envió a la cárcel

Un juez de Barrancabermeja ordenó el traslado de Henry Montes a una cárcel en Bucaramanga.


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El Juzgado Segundo Penal de Barrancabermeja dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para cinco de los seis capturados por irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar en el municipio de Aguachica, Cesar.

Dentro de los capturados se encuentran: el alcalde del municipio, Henry Ali Montes Montenegro; Juan Carlos Zuleta Neira, gerente de Planeación y Obras, y quien estaba como alcalde encargado al momento de suscribir el convenio de alimentación escolar; Nicolás Julio González Monroy, jefe de la oficina jurídica municipal; Ariela Pallares Santiago, supervisora del convenio en Aguachica, Diana Margarita Trujillo Arévalo, representante legal de la Fundación Provenir, con quien el municipio suscribió el convenio.
La otra persona es Rodolfo Rincón Páez, secretario de Educación municipal, encargado de realizar los estudios previos y fue judicializado en Aguachica debido a que en el momento que iba ser detenido por los agentes del CTI de la Fiscalía estaba hospitalizado por una afección respiratoria en un centro asistencial de ese municipio.

Durante la audiencia concentrada los implicados en el escándalo de alimentación escolar no se allanaron a los cargos imputados por la Fiscalía, como presuntos responsables de los delitos de incumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y peculado por apropiación.
El abogado David Ramos quien defiende al alcalde Henry Montes manifestó: “a partir de hoy la defensa inicia su proceso de recolección de pruebas con el objetivo de lograr revocar la medida de aseguramiento, de detención preventiva en establecimiento carcelario”.

Mientras que el Director Nacional de Fiscalías, Luis González León, manifestó que de llegar a comprobarse la responsabilidad de los capturados en las irregularidades del contrato de alimentación la pena a imponer podría variar entre 15 y 20 años.

Redacción Judicial / EL PILÓN