El país vive en estos momentos una grave crisis económica por culpa del paro de camioneros que tienen paralizado el transporte desde hace 40 días, generando consecuencias nefastas para todos los sectores. Valledupar además de sentir la agudeza de esta crisis, también padece sus propios males en el tema de transporte.

Esta semana el gerente de la empresa Transvalle, Wisam Faraj, puso el dedo en la llaga al emitir un comunicado en el que afirma que a la Administración Municipal le ha faltado mano dura para controlar el transporte ilegal que le hace competencia a los empresarios y dueños de buses legales que tratan de abrirse camino en medio de la dura competencia que representan los mototaxistas y los taxis y vehículos particulares que hacen las veces de colectivos.

Para el líder de los transportadores locales que prestan el servicio en las busetas afiliadas a Transvalle, unión temporal que surgió en el año 2013 para organizarse con miras a operar el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), integrada por las tradicionales empresas Transcacique, Cootranscolcer, y Cootraupar, además de los controles hace falta voluntad política para abordar el problema.

Lo que hasta ahora hemos visto del alcalde Augusto Ramírez Uhía es que ha jugado en las dos aguas. No ha combatido el mototaxismo de frente, pero tampoco les ha dicho que no a los transportadores legales que le han solicitado que ponga mano dura en este tema, actitud que tiene molestos a los transportadores que ya han pensado también en parar para llamar la atención de las autoridades, acción que no le convendría para nada a la ciudad.

El alcalde Uhía debe dar prioridad al servicio público legal y en su orden a los que benefician a más ciudadanos, que son los buses. Debe tener claro que apoyando y beneficiando a los transportadores legales, agrupados en la Unión Temporal Transvalle, disminuye el poder de los ilegales, como mototaxistas, y también les da un nuevo aire a los taxistas que también se quejan y anuncian que se irán a paro si no hay acciones concretas y urgentes. Ya varios taxis y buses exhiben avisos que dicen: “El alcalde nos quebró”, “Señor alcalde: la ilegalidad nos quebró” para expresar su inconformidad.

La Alcaldía de Valledupar debería ir pensando en controlar la ilegalidad y subsidiar el transporte público así como se subsidia la salud, la educación, los servicios de luz y agua. Los ciudadanos no pueden pagar más por la tarifa, por lo que está llamado el Estado a complementar la operación, únicamente para los buses, y así podrá controlar la ilegalidad. Este es un tema que en realidad está olvidado en el municipio y si algo se está haciendo, la verdad no se percibe.

En este caso, no es solo dar prioridad sino beneficiarlos frente a los demás ‘sistemas’ de transporte. Al gobierno del alcalde Augusto Uhía hay que aplaudirle la promoción que hace para el uso de la bicicleta, dando ejemplo, lo mismo debería hacer con el transporte legal de buses.

No hay que olvidar que detrás de Transvalle hay un grupo de empresarios pequeños que hacen patria, que estimulados pueden prestar un mejor servicio a la comunidad. Ya el mototaxismo ha demostrado que más allá de aumentar el índice de accidentalidad, incapacidad y muerte, su contribución no pasará de ser un dolor de cabeza para las autoridades.