A juicio disciplinario fueron citados el alcalde de Aguachica, Henry Alí Montes; el alcalde encargado del municipio, Juan Carlos Zuleta Neira, y al secretario de Educación Rodolfo Rincón Páez, por parte de la Procuraduría General de la Nación, para que respondan por las irregularidades que se habrían presentado en la celebración del convenio de asociación y cooperación número 1 del 12 de febrero de 2016, suscrito con la fundación Provenir, por un valor cercano a los 537 millones de pesos.

El Ministerio Público señaló que se habrían presentado falencias en la celebración del contrato que tenía como objetivo suministrar alimentación a estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio. En este sentido, indicó que el mandatario municipal y el secretario de Educación, que fungía como supervisor del convenio contractual, no adelantaron las acciones tendientes a garantizar la publicación de todos los procedimientos que exige la ley.

En cuanto al secretario de Educación, la Procuraduría indicó que él para la suscripción del mencionado convenio presentó estudios previos escuetos, obsoletos y direccionados a contratar mediante la modalidad directa como única alternativa, evadiendo el proceso licitatorio.

La Procuraduría además destacó que no existe en el expediente ningún acto administrativo que sustente la contratación directa, tal como lo establece el Decreto 1082 de 2015, ni tampoco se evidenció que se haya informado a los interesados en dónde podían consultar los estudios y documentos previos para determinar la clase de contratación.

También cuestionó la presunta infracción al principio de planeación, en el entendido que el 10 de febrero de 2016 se expidieron los estudios de conveniencia y oportunidad y el 12 de febrero de la misma anualidad se suscribió el convenio número 1 de 2016, lo cual hace presumir que los estudios a partir de los cuales se decidió realizar el convenio de alimentación escolar a los estudiantes de las instituciones educativas del municipio de Aguachica se hicieron en dos días.

Respecto de la publicidad, advirtió la Procuraduría Provincial de Ocaña que no se publicaron en el sistema Secop los documentos previos a la firma del convenio de asociación y cooperación, y que la minuta del convenio fue publicada el 31 de marzo de 2016, a pesar de que el convenio fue suscrito el 12 de febrero de 2016.

El Ministerio Público ordenó compulsar copias del expediente a la Procuraduría Regional del Cesar para lo de su competencia, respecto a las conductas de los señores rectores y/o directores en relación con el cumplimiento de la creación de los comités de alimentación escolar para los centros educativos beneficiarios del mencionado convenio de asociación y cooperación: San Miguel, La Victoria, Melvin John, José Andrés Padilla, San Martín, John F. Kennedy, Villa Paraguay, José del Carmen Ramos, Técnico Industrial, Norean, Antonio Nariño y Sagrado Corazón de Jesús.
La Procuraduría calificó las faltas en los casos de Montes Montealegre y Rincón Páez como graves a título de culpa gravísima y las de Zuleta Neira como gravísimas a título de dolo.

Henry Alí Montes, quien también enfrenta un proceso penal, deberá responder por las irregularidades en la celebración de contratos por un valor de 537 millones de pesos.

Por Jennifer del Río