Por Augusto Enrique Orozco Sánchez

En 2006 la Corte sostuvo que “resulta innegable que la inhabilidad constituye una de las más poderosas herramientas con las que cuenta el derecho para luchar contra aquellos que infringen los postulados que guían el ejercicio de la función pública”. En palabras castizas, la inhabilidad es un instrumento para luchar contra la mano larga de los corruptos, sin embargo, no es novedoso el debate que hoy tiene a la Procuraduría en el ojo del huracán, quien en pasados días al parecer en Bogotá obró por exceso y quien en los últimos años en Valledupar ha obrado por defecto, pues sus intervenciones en esta región del país han pasado desapercibidas, sin protagonismos y sin intereses distintos de mantener un ánimo sosegado como si todo transcurriera en orden

Cosa muy distinta sucedió en el pasado cuando ocupaba el cargo de Procurador Regional, doctor Everardo Armenta quién actuaba en derecho, haciendo respetar las instituciones y quien no esperaba que se denunciaran los hechos para proceder de oficio a las indagaciones ante actos evidentes de corrupción. Fue así como en el 2005 ya en el Concejo Municipal en cabildo abierto detuvo el proceso de aprobación de la revisión del Pot por inconveniente para el municipio, así como lideró otro tipo de investigaciones que pusieran en cintura a otros funcionarios implicados, con una visión equilibrada, con energía de precisión, poniendo las cosas en su lugar. De allá para acá, no hemos visto sino una actitud muy parca, por no decir nula, de este organismo de control. Se conocen muchos casos de falta de idoneidad de los investigadores, de omisión en las investigaciones de fondo del monumento al santo Eccehomo, a la falta de protección física del parque lineal de Hurtado, a la ausencia del control físico urbano, al desmantelamiento de las construcciones del hospital Los Mayales, a la contratación de la galería de vendedores ambulantes, a las invasiones permanentes del espacio público, a la omisión de vigilancia del proceso de modificación excepcional del Pot; lesivo a todas luces; a la vigilancia de las actuaciones de las curadurías urbanas, a la indebida e improvisada aprobación del impuesto de delineación urbana, a la falta de observancia de las actuaciones de los concejales, a la no presencia en las licitaciones públicas, a la nula participación en los concursos de méritos como ha sucedido recientemente con la asignación y redesignación de los curadores urbanos 1 y 2, brillando por su ausencia en las pruebas escritas y orales, dejando el evento al garete como si careciera de importancia, permitiendo que ocurran las cosas sin confianza, dejando la sensación de abandono y falta de compromiso institucional.

La Procuraduría debiera ser la entidad que nos represente a los ciudadanos ante el Estado; sin ella estamos impotentes entre los malos manejos y comportamientos de los funcionarios y servidores públicos y debiera ser su obligación velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes y no lo está haciendo ¿Dónde se denuncia?