Por: Imelda Daza Cotes

“El FMI gobierna a los gobiernos, salvo a los países que lo mandan, porque son sádicos pero no masoquistas”, dijo recientemente Eduardo Galeano, en una brillante disertación.
Y es precisamente el FMI el que ahora exige a España reducir el déficit. Pero ese mismo FMI había dicho en uno de sus informes que dos terceras partes de la deuda española son resultado de la reducción de los ingresos del estado y no del incremento exagerado de sus gastos.
Sin embargo, el paquete de ajustes del gobierno español apunta a los recortes salariales, de prestaciones sociales,  eliminación del subsidio infantil y a la reducción drástica del gasto público, dado que el déficit presupuestario se aduce como una de las causas de la crisis. Es decir,  igual que en Grecia, se descarga el peso del problema económico sobre los hombros de sus víctimas y no de los victimarios. Son las amas de casa, los trabajadores y la población más vulnerable, los que deben asumir las consecuencias de un problema generado por los especuladores financieros, por la banca internacional.  Los que padecen las medidas nada han tenido que ver con los orígenes de la crisis pero son los que tienen que apretar sus bolsillos y sufrir las consecuencias de un endeudamiento público que produjo el déficit que se pretende corregir.
Todo es una brutal ofensiva del gran capital contra la gente del común, contra los trabajadores. Es lo mismo que viene ocurriendo en Grecia. El propósito deliberado es el debilitamiento del poder público, de los sindicatos de las instituciones representativas. Tal parece que lo que se pretende es medirle el pulso a los trabajadores y a la sociedad en general por parte de los banqueros y de la patronal española. La cosa suena a chantaje y pone en juego la democracia.  El gobierno y la sociedad española están ante una extorsión que obligó al gobierno a tomar unas medidas casi en contra de sus preferencias. Es un chantaje, no hay otra forma de calificar lo que el mismo Zapatero describió cuando respondió a las críticas del partido Izquierda Unida; él  dijo que el paquete de ajustes era una imposición de los poderosos financieros que buscan ante todo mejorar las condiciones para la especulación financiera a través de limitar la acción de los gobiernos y de los estados; dio a entender que la reducción del gasto público era una exigencia del FMI, de la Comisión  Económica de la UE y del gran capital financiero. Zapatero, consciente de su impotencia frente al gran poder, intenta salvar al menos su reputación ideológica.
El pueblo español está ante una trampa. El Partido Popular se declara falsamente sorprendido ante las medidas y se frota las manos cuando los sindicatos y las organizaciones sociales protestan. Esa derecha es la aliada incondicional de los responsables de la crisis. El déficit español se produjo por la actuación de los banqueros especuladores. El gobierno de Zapatero se endeudó para salvar a los bancos y para impedir el colapso económico después de que  los colosos del gran capital  provocaron la crisis que afectó a más de medio mundo y ahora los aliados de esos banqueros se aterran de las medidas tomadas y juran que nunca hubieran hecho tal cosa.  En realidad, la deuda que asumió el gobierno la suscribió con esos mismos bancos al módico 5% que se subió en ocasiones hasta el 10% cuando los calificadores de la deuda, igual que en Grecia, advirtieron que era deuda de mala calidad, esto es, de difícil recuperación, y ese dinero lo obtuvieron esos bancos comerciales privados del Banco Central Europeo a un escaso 1%. Negocio redondo o círculo fatal.
Las medidas no  buscan  reducir la deuda;  para lograrlo habría que dinamizar la economía, entre otros, con más flujos crediticios y mejorando los ingresos del estado a través de mayores impuestos sobre las enormes ganancias de quienes se han favorecido con la especulación financiera. El paquete de ajuste no contempla  reajustes tributarios ni medidas contra la evasión  y el fraude fiscal que son elevados y que sería la manera de obligar a los responsables de la crisis a asumir sus consecuencias. El monto de la reducción salarial no puede considerarse de peso en el déficit, es decir, no lo reducirá significativamente y la disminución de la inversión afectará al sector empresarial. Todo indica que las medidas producirán un efecto contrario a lo que el país necesita, que es generar empleo a través del incremento en la actividad económica. El problema mayor no es el déficit  sino el empleo, los ingresos, la producción, y el paquete no atiende estas urgencias. No se está pues ante un plan de reactivación ni de salvación de la economía, todo es una claudicación ante el gran capital internacional.
La crisis empezará a resolverse cuando se cierren los casinos financieros.