El servicio de agua es todavía el bien preciado que muchas poblaciones anhelan o quieren ver mejorar en el departamento del Cesar. No obstante, diversos factores que envuelven a la administración pública como las obras inconclusas, la falta de planeación, el despilfarro de recursos económicos, pero sobre todo la corrupción, hacen ‘zancadilla’ al bien común idealizado. 

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Basta con poner ‘la lupa’ a los procesos de contratación como últimamente lo hace la Dirección Seccional de Fiscalías del Cesar con las empresas públicas de Emdupar E.S.P. y Aguas del Cesar para sacar a colación las fallas del sistema público e investigarlas mediante la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, abanderadas por las Fiscalías 5, 11 y 12 seccional.

CASO LA HUARICHA

Una de las primeras investigaciones que en los dos últimos años surgió fue el caso ‘La huaricha’. Consistió en unas presuntas anomalías registradas en ocasión al contrato de obra N°050 del 21 de febrero de 2014, que tenía como propósito la optimización de la planta de agua potable La Huaricha en Valledupar.

Este fue suscrito entre el exgerente de la empresa, Luis Eduardo Gutiérrez Aroca, y la Unión Temporal Optimización, PTA, representada por Medardo Velandia, por valor de $3.944.409.766 y con un plazo de 15 meses.  

La obra era aparentemente necesaria debido a que el sostenimiento del sistema de agua  La Huaricha fue implementado en el año 1995 y solo hasta el 2006 se restauraron los lechos con un material igual al que estaba operando antes, siendo así ineludible una filtración más eficiente que permitiera la recirculación del afluente.

Como forma de pago se pactó el 15 % del valor contratado como anticipo, otro 25 % a la finalización de la primera fase, un 20 % en contra entrega como suministro de los falsos fondos de la plata de tratamiento y el otro 40 % con actas de avance mensual, según el cronograma.

Presuntamente, según la investigación, el proceso comenzó mal en la etapa precontractual con motivo a que iniciaron la búsqueda del contratista mediante ‘invitación privada’, más no pública como se exigía por la cuantía.   Además, los trabajos iniciaron tarde por otro contrato que celebraron con el consorcio Protech de interventoría externa por valor de $394.005.600 con plazo de 16 meses. 

La Fiscalía durante las indagaciones solamente encontró un informe de interventoría, que para el ente es más bien de supervisión, el cual fue tomado como base para suscribir un acta final en el que se indicó que los diseños realizados llegaron al 148 % del presupuesto. 

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En los diseños finales, la supervisión informó que estando la obra en ese porcentaje de presupuesto, en la búsqueda de los recursos la moneda colombiana se había devaluado, lo que afectaba el nuevo valor de la obra.  En ese sentido, dieron por finalizado el contrato con la Unión Temporal Optimización PTAP.

Sin embargo, según la Fiscalía tras seis meses desde el inicio del contrato solo realizaron el levantamiento topográfico y demoraron otros dos meses revisándolo. Además, la interventoría no actuó en el desarrollo contractual y cobró dinero.   

“Emdupar le reconoció costos precipitados y acarreados al contratista por la no ejecución del contrato, por la suma de mil millones de pesos, aduciendo daños y perjuicios, gastos en salarios, oficina, papelería, transporte, taxis, tiquetes aéreos y hoteles, sin soporte alguno por parte del contratista. Destáquese los mil millones de pesos, más el anticipo del 15 % del valor contratado”, reza uno de los apartes del caso.

En el año 2016 el contratista  radicó una acción ejecutiva  para cobrar el dinero mediante una orden de mandamiento de pago proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar.

Las cuentas de la empresa de servicios públicos fueron embargadas y el 13 de septiembre de 2018 tuvo que constituir una caución real bancaria otorgada por una compañía de seguros por valor de mil quinientos millones de pesos para lograr el desembargo.

“Lo más sobresaliente de todo esto es que en ninguna parte de los estudios de conveniencia y de los términos de referencia de la invitación se mencionó que el presupuesto tomado para el valor contratado fuera realizado con base al dólar, ni tampoco que los materiales y/o maquinarias a utilizar o sistemas a implementar fueran traídos del extranjero. Por lo anterior, esta razón es insulsa e inocua para terminar dicho contrato. Se evidencia una violación flagrante a los principios constitucionales de la administración pública”, precisó la Fiscalía.

Durante una visita de verificación realizada en el 2019 se corroboró que el gasto reportado del contrato fue de $591.661.465 para la realización y revisión de un levantamiento topográfico.

Tuvieron que transcurrir cuatro años para que nuevamente otra administración celebrara otro contrato para la optimización y adecuación de filtros de las plantas de tratamiento La Huaricha y La Gota fría.

A raíz de esto fueron capturados en el mes de julio de 2020: Luis Eduardo Gutiérrez Aroca, exgerente de Emdupar; Jorge Navarro Hernández, también exgerente de la entidad; y Guillermo Eligio Contreras Brochel,  exsupervisor y exjefe de producción de la empresa.

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Al ser presentado en audiencias preliminares los responsabilizaron de los delitos de peculado por apropiación agravado y  contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ellos se declararon inocentes. Para la época, el abogado Efraín Gutiérrez, defensor del exgerente Aroca, comunicó a EL PILÓN que su prohijado no era responsable de peculado por apropiación.

“El doctor Luis Eduardo Gutiérrez ejerció la gerencia del 2012 a 2014, es decir, en este último año se hizo el contrato y resulta que se retiró del cargo en el mes de agosto, dejando el contrato hecho; una cosa es que se le acuse de un contrato por el lleno de los requisitos y otra que sea por el delito de peculado porque desde agosto hasta 15 de febrero el gerente encargado debió impulsarlo porque Luis Eduardo tenía seis o siete meses de haber salido de la empresa, entonces no se le podía imputar peculado cuando él no giró dineros”, explicó el jurista.

EL AGUA Y BOSCONIA

Otro proceso está relacionado a una aparente irregularidad que se originó en un contrato celebrado el 11 de septiembre de 2011 entre el entonces gerente de Aguas del Cesar S.A., José Guillermo Angulo Argote y la Unión Temporal Agua Valle, representada por Ángel Alberto Rincón Ñinaje.

Este fue suscrito por un valor de $4.410.471.564 y con un plazo de ejecución de seis meses, con el objetivo de la construcción de la línea de impulsión para la optimización del sistema de acueducto del municipio de Bosconia.

Pero durante la ejecución sufrió modificaciones tres veces en el plazo de ejecución con motivo a que su desarrollo se vio afectada por la falta de permisos de servidumbre de los predios que serían intervenidos en el proyecto, los permisos de los pasos subfluviales, cruces de la línea férrea, paso de la carretera nacional que se deben tramitar, entre otros.

Por eso, se modificó el contrato No. 080 de 2011 en el valor, adicionándosele  $618.260.555 y tiempo para la ejecución del contrato.

En esa causa pasaron siete años y aun así, de acuerdo al ente investigador, el 12 de febrero de 2018 no estaba ejecutado en su totalidad.

Solamente hasta el 30 de marzo de 2018 se dio la terminación y liquidación del contrato, mediante el cual en acta dejaron constancia que la obra fue recibida en buen estado y funcionando.

El trabajo consistía en hacer una línea de impulsión número tres que se desglosaría en dos tramos, pero cuando los investigadores realizaron una visita de verificación el 16 de octubre de 2020, la tubería no estaba funcionando.

“Se evidencia claramente el incumplimiento del contrato en cuanto a la falta de planeación en el trayecto de la tubería, trasgrediendo así el principio de planeación que se exige en la estructuración de un proceso de contratación pública, consagrado en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, generándose además una inversión cuantiosa, del cual no se advierte un beneficio por parte de la población debido a la mala planeación por los diversos inconvenientes que no fueron previstos en los estudios iniciales del contrato”, dijo la Fiscalía en unos apartes de lo documentado en el caso.

Frente a los hechos, fue llamado a responder José Guillermo Angulo Argote, a quien en audiencias preliminares le imputaron cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

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Justamente,  Bosconia es uno de los municipios que padece por el mal servicio de agua, por ejemplo, a inicios del presente mes los habitantes denunciaron que a veces completan hasta 30 días sin agua potable. Los pobladores optan por comprar canecas de agua o sacarla de pozos artesanales y almacenarlas por varios días en unas condiciones no muy favorables para la salud.

En una entrevista reciente, el gerente de la empresa Empobosconia E.S.P., Doiver Rojano, explicó que el sistema de acueducto del municipio trabaja con dos pozos: uno que tiene 40 años y otro de 30 años.  Agregó, que el pasado mes de diciembre el pozo que tiene 40 años colapso y pasó de dar de entre 55 y 60 litros de agua por segundo a dar alrededor de 20, lo que ocasionó una disminución en el suministro del agua.

Similares circunstancias atraviesan otras regiones del Cesar como Aguachica,  Astrea, La Paz, Curumaní y El Paso.

¿UN ELEFANTE BLANCO?

En esta última mencionada región se desprendió la tercera investigación en contra de la también exgerente de Aguas del Cesar S.A., Ledys Paulina Nieves Miranda, señalada por la Fiscalía de los delitos de peculado por apropiación en concurso heterogéneo con contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Lo cuestionado es un contrato de obra N°010 que suscribió Nieves Miranda el 7 de febrero de 2014.  Este tenía como objetivo la construcción de un pozo profundo de aguas subterráneas y la adecuación de las instalaciones físicas del municipio de El Paso por un valor de $1.690.585.654 y un término de nueve meses para su ejecución. Sin embargo, después de siete años las obras no han terminado.

“Las investigaciones evidenciaron supuestas anomalías como falta de planeación, reflejada en la ausencia de permisos, licencias, estudios de suelos y otras previsiones que habrían incidido para que el proyecto no avanzara con éxito. Adicionalmente, se identificó un presunto detrimento por $247.000.000”, aseveró la Fiscalía.

Al respecto, la empresa  Aguas del Cesar salió al paso aseverando que la obra sí fue culminada satisfactoriamente y entregada el 22 de octubre de 2015 por el entonces alcalde Luis Alberto Murgas Pupo y el secretario de Planeación, Javier Rosado Mendinueta.

“De acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley 142 de 1994 que regula la prestación de los servicios públicos en Colombia es competencia de cada municipio la prestación de los servicios públicos domiciliarios. De este modo, el municipio es el responsable del funcionamiento y mantenimiento de las obras de agua potable y saneamiento básico con que cuenta, tal como se consignó en el acta de entrega”, señaló la institución.

Por: Marllelys Salinas / EL PILÓN
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