Hablar de los problemas que ocurren alrededor de la prestación el servicio de energía eléctrica en la costa Caribe colombiana ya está incluso pasando de moda, ya nada sorprende ni es prioridad para nadie, una crisis que amenaza no solo la estabilidad de una región entera sino que está a punto de quebrar al comercio por culpa de un negocio perverso que se montó sobre un servicio público esencial; además, no hay ni habrá soluciones precisamente porque el negocio principal de la empresa Afinia no está en distribuir energía eléctrica sino en alimentar una enorme red de beneficiarios que se benefician de esta medusa de mil cabezas llamada energía.

Para no llover sobre lo mojado y repetir la repetidera, para todo el mundo es claro que la ley está mal hecha, y eso que llamamos “opción tarifaría” no es sino la prueba reina del abuso puesto que la CREG y la Superservicios no pueden hacer más nada sino oficiar de tramitadores sobre un sistema que está hecho como una moneda de dos caras donde por un lado gana la empresa y por la otra pierde el usuario; ahora, ¿Es culpa de la empresa que se le permita todo lo que hace en contra de sus usuarios? Sí y no, y paso a explicar rápidamente lo dicho.

Empecemos por recordar que la energía se transa en la bolsa de valores como uno de los negocios más rentables junto con el sistema financiero puesto que su principal estrategia es la especulación, adicional a ello se convirtió en un arma estratégica de los países que controlan las fuentes de generación y ahí ya tenemos un problema puesto que al tener la capacidad estratégica de manipular los precios se somete de por vida a los países que no tiene soberanía energética, por ejemplo, Colombia.

El siguiente gran problema, es que por ser un arma se obliga a los países dependientes  a diseñar legislaciones, que dicha sea de paso, son un absoluto descaro como la muy triste célebre Ley 142/94 muy sufrida por nosotros pues permite todo tipo de abusos sobre el usuario; por ejemplo, que sea juez y parte en los conflictos entre ella y sus usuarios, que sean los únicos que pueden “certificarte” tu medición, cobrarte hasta un 200 % por encima de tu consumo bajo la figura de la “desviación significativa”, abrirte procesos de supuestos fraudes y prácticamente dictar fallos de culpabilidad y cargarlo con millonarias multas, amén del descarado cobro por “promedio” a pesar de tener un mecanismo de medición que los obliga a hacerlo, o la potestad que tienen de intervenir como jueces e interventores en los proyectos de energía solar; ahora bien ¿por qué esta empresa no tiene ni Dios ni ley ni ningún  gobierno se atreve a tomar decisiones sobre dicho sistema? La respuesta está implícita en la misma pregunta, ellos son la ley, y los gobiernos (léase funcionarios, congresistas, alcaldes e incluso concejales) se hicieron en el pasado y lo siguen siendo ahora, parte del negocio, así las cosas; mientras estén involucrados en él, las leyes y los controles gubernamentales o el fomento de nuevas alternativas de generación serán una utopía, o las que surjan dependerán de sí las empresas de este sistema, primero, lo permitan y, segundo, lo controlen ellas mismas.

Si uno se pone a esculcar quienes son dueños de las generadoras y de las transportadoras de energía en Colombia, muy seguramente se va a encontrar que la mayoría de políticos tienen sus garras metidas en este negocio, entonces; si eso es así, no creo que seamos lo suficientemente ingenuos en creer que harán algo para que el sistema se democratice, sino me creen, busque en las noticias más recientes  el entramado de corrupción en URRA (empresa generadora en Córdoba) donde familiares de políticos de ese departamento tienen las manos metidas y no solo son de este gobierno, también de los pasados.

A manera de recordatorio, anteriormente en los pueblos la gente contaba con cierta protección de sus derechos y las personerías abogaban y garantizaban que no se cometieran abusos por parte de empresas como Electricaribe en su momento; sin embargo, hoy con Afinia es cosa del pasado. ¿Qué pasó? Pues para ponerle una cereza al pastel, las concesiones de alumbrado público están atadas al valor del consumo de energía y entre más alta la factura mayores ingresos al concesionario, y no tengo certeza, pero tampoco dudas que de esa tajada comen todos.

Por: Eloy Gutiérrez Anaya