Con el vencimiento del mecanismo especial legislativo (fast track), el próximo 30 de noviembre, se termina -políticamente hablando- el mandato del presidente Juan Manuel Santos. A su gobierno, se le acabó el tiempo y la mermelada.

Pretender aprobar en cinco días (a pupitrazos) las leyes que blindan un acuerdo de paz con las Farc, que fue rechazado en las urnas por la mayoría de los colombianos, sólo genera más rechazo. Como decían los abuelos, “es mejor despacito y con buena letra” y por más que madrugue no amanece más temprano, presidente. Todos queremos la paz en este país, pero respetando la Constitución Política. Ahora lo urgente es concentrarse en la implementación de los programas de reincorporación y ocupación productiva a los casi 7.000 exguerrilleros que se encuentran dispersos en las 23 zonas veredales del país, para que no se regresen al monte.

Claramente, el sol comenzó a calentarle la espalda al presidente Santos, con un balance de gestión desaprobado por más del 70 % de los colombianos. La economía no reacciona, la corrupción está disparada, todas las obras de infraestructura van a media marcha y el programa de sustitución de los cultivos ilícitos es un desastre. Como van las cosas, lo más factible, es que al próximo presidente le toque asumir todos estos compromisos.

La desaceleración de la economía tiene nerviosos a los inversionistas y a las calificadoras de riesgos. El endeudamiento está por las nubes (US$120.741 millones), el PIB no reacciona (1.7 %), el déficit en la cuenta corriente (-3.6 %) y la Balanza Comercial (-US$9.500 millones) no disminuyen, el índice de desempleo (9.2 %) no baja, la estructura tributaria es inequitativa, la competitividad de la economía está estancada y el sistema pensional pasó a cuidados intensivos. Lo único por mostrar es el crecimiento del agro (7.1 %) y la estabilidad de la inflación en el 4 %.

Igualmente, le deja al próximo presidente, la responsabilidad de asumir el costo político de reformar la desprestigiada justicia, recortar la gigantesca burocracia estatal que el año entrante nos cuesta la bobadita de 147 billones de pesos y ponerle el pecho a la corrupción que se disparó por culpa de la perversa mermelada que instituyó en su gobierno. El año pasado rompieron record. La Contraloría General de la Republica encontró 1.573 hallazgos fiscales por un valor de 10.3 billones de pesos. Las regalías, el programa de alimentación escolar, los programas del Departamento de Prosperidad Social, el Sena, ICBF y los contratos de infraestructura vial, son los campeones de este sistema de corrupción pública.

También deja inconclusas, la mayoría de las obras de infraestructura de transporte del país, por problemas de corrupción en la adjudicación de las licitaciones. La ruta del sol se quedó en Gamarra, las obras de modernización de los aeropuertos de las ciudades intermedias están en un 50 %, el túnel de la Línea sin entrada y sin salida, la navegabilidad del rio Magdalena estancada y la línea férrea del Pacífico parada. ¿Quién carajo puede ser competitivo en estas condiciones?

Es increíble, que con un balance de gestión tan pobre, el presidente Santos ande más afanado por aprobar unas curules en el Congreso a los comandantes de las Farc y un sistema judicial especial para perseguir a los empresarios de este país.