La Contraloría General de la República determinó un presunto daño fiscal por $637 mil millones por la gestión antieconómica que ha presentado en el proyecto de la represa del río Ranchería, en el departamento de La Guajira, al incumplirse parte de los objetivos y fines con que inició hace 13 años.

El ente de control explica que la suma en que se cuantificó este hallazgo equivale al valor de construcción de la presa ‘El Cercado’, correspondiente a la fase I del proyecto, que incluye también las líneas de conducción principal de los distritos de riego Ranchería y San Juan, que están aún sin construir.

Aunque se evidenció que las obras contratadas fueron ejecutadas, la Contraloría consideró que aún con la terminación de las mismas no se logró el objetivo trazado inicialmente y según la auditoría realizada, la única función que hoy cumple es regular el caudal del río Ranchería, pero no se han concretado los otros objetivos planteados con el documento CONPES 3362 del 14 de julio de 2005, que lo declaró de importancia estratégica para el país, como eran el suministro de agua potable a nueve municipios de La Guajira: San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Uribia, Manaure, Maicao y Albania; así como la construcción de los distritos de riego y la instalación de una microcentral hidroeléctrica.

De esta manera el ente de control manifestó su preocupación ante el hecho de que no se evidencian gestiones efectivas para la consecución de recursos que garanticen la terminación del proyecto; situación que afecta no solo la política agropecuaria, sino la calidad de vida de la población beneficiaria.