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Editorial - 1 septiembre, 2022

Advertencia institucional necesaria y oportuna

Tal parece que algunos malentendieron los mensajes o propuestas que el presidente Petro, durante su campaña, envió a la opinión pública, en el sentido de recuperar grandes extensiones de tierra desocupadas o improductivas para ponerlas al servicio de quienes la necesitan.

¡Señores, la propiedad privada se respeta! Hay que respetar la ley y la institucionalidad. Con ese mensaje concreto y contundente de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y de los ministros de Agricultura, Cecilia López; y de gobierno, Alfonso Prada, además de otros altos funcionarios del Gobierno nacional, se espera que de una vez por todas se acaben esos impulsos o falsas expectativas por parte de algunos sectores de la población colombiana que creyeron acceder a la tierra o predios mediante la ocupación por la vía de hecho.

Tal parece que algunos malentendieron los mensajes o propuestas que el presidente Petro, durante su campaña, envió a la opinión pública, en el sentido de recuperar grandes extensiones de tierra desocupadas o improductivas para ponerlas al servicio de quienes la necesitan.

Ese supuesto malentendido, ya estaba llegando a límites extremos que fue necesario que el gobierno de Petro, en cabeza de la vicepresidenta y varios ministros saliera a hacer claridad ante los medios de comunicación para advertir que nadie puede hacer uso de la propiedad privada si esta no se ha obtenido mediante los mecanismos legales.

Una cosa es la implementación de una política agraria que modifique el uso y tenencia de la tierra y otra muy distinta es ocuparlas de manera arbitraria como ha venido sucediendo en distintas regiones del país, situación que también se ha registrado en el departamento del Cesar.

Recientemente se presentó en el Cesar un caso de invasión a la propiedad privada, donde alrededor de 150 personas ocuparon una finca ganadera y palmera ubicada en el municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar, por fortuna la solución fue pacífica, se logró la recuperación del predio y fue entregado a sus respectivos propietarios.

Por todo ello, consideramos necesario y oportuno el mensaje de advertencia y claridad que acaba de enviar el Gobierno nacional, en el que ratifica el compromiso frente a la búsqueda de la paz para Colombia y de avanzar para consolidar la convivencia pacífica, pero con la firme determinación de transitar solo por el camino del respeto a la institucionalidad.

“Vamos a avanzar para conseguir la igualdad de los derechos de todos. La reforma agraria va, pero garantizando los derechos de todos los colombianos”, precisó la ministra de Agricultura, Cecilia López.

Queda claro entonces que los movimientos interesados en propiciar invasiones deberán abstenerse de hacerlo y que no les quede la menor duda sobre la intervención de la fuerza pública frente a cualquier caso de alteración del orden público, “Queremos desarrollar el proceso que permita la distribución de la tierra de manera equitativa, pero sin avalar la violencia”, precisó la ministra de agricultura.

Entre tanto avanzan las gestiones en el Congreso de la República para que se den los actos legislativos que permitan la creación de la jurisdicción agraria y rural. El departamento del Cesar, al igual que todo el país, espera optimista las grandes transformaciones institucionales para el beneficio de la gente, pero siempre y cuando prevalezca el estado social de derecho, esa es la mejor ruta para todos.

Editorial
1 septiembre, 2022

Advertencia institucional necesaria y oportuna

Tal parece que algunos malentendieron los mensajes o propuestas que el presidente Petro, durante su campaña, envió a la opinión pública, en el sentido de recuperar grandes extensiones de tierra desocupadas o improductivas para ponerlas al servicio de quienes la necesitan.


¡Señores, la propiedad privada se respeta! Hay que respetar la ley y la institucionalidad. Con ese mensaje concreto y contundente de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y de los ministros de Agricultura, Cecilia López; y de gobierno, Alfonso Prada, además de otros altos funcionarios del Gobierno nacional, se espera que de una vez por todas se acaben esos impulsos o falsas expectativas por parte de algunos sectores de la población colombiana que creyeron acceder a la tierra o predios mediante la ocupación por la vía de hecho.

Tal parece que algunos malentendieron los mensajes o propuestas que el presidente Petro, durante su campaña, envió a la opinión pública, en el sentido de recuperar grandes extensiones de tierra desocupadas o improductivas para ponerlas al servicio de quienes la necesitan.

Ese supuesto malentendido, ya estaba llegando a límites extremos que fue necesario que el gobierno de Petro, en cabeza de la vicepresidenta y varios ministros saliera a hacer claridad ante los medios de comunicación para advertir que nadie puede hacer uso de la propiedad privada si esta no se ha obtenido mediante los mecanismos legales.

Una cosa es la implementación de una política agraria que modifique el uso y tenencia de la tierra y otra muy distinta es ocuparlas de manera arbitraria como ha venido sucediendo en distintas regiones del país, situación que también se ha registrado en el departamento del Cesar.

Recientemente se presentó en el Cesar un caso de invasión a la propiedad privada, donde alrededor de 150 personas ocuparon una finca ganadera y palmera ubicada en el municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar, por fortuna la solución fue pacífica, se logró la recuperación del predio y fue entregado a sus respectivos propietarios.

Por todo ello, consideramos necesario y oportuno el mensaje de advertencia y claridad que acaba de enviar el Gobierno nacional, en el que ratifica el compromiso frente a la búsqueda de la paz para Colombia y de avanzar para consolidar la convivencia pacífica, pero con la firme determinación de transitar solo por el camino del respeto a la institucionalidad.

“Vamos a avanzar para conseguir la igualdad de los derechos de todos. La reforma agraria va, pero garantizando los derechos de todos los colombianos”, precisó la ministra de Agricultura, Cecilia López.

Queda claro entonces que los movimientos interesados en propiciar invasiones deberán abstenerse de hacerlo y que no les quede la menor duda sobre la intervención de la fuerza pública frente a cualquier caso de alteración del orden público, “Queremos desarrollar el proceso que permita la distribución de la tierra de manera equitativa, pero sin avalar la violencia”, precisó la ministra de agricultura.

Entre tanto avanzan las gestiones en el Congreso de la República para que se den los actos legislativos que permitan la creación de la jurisdicción agraria y rural. El departamento del Cesar, al igual que todo el país, espera optimista las grandes transformaciones institucionales para el beneficio de la gente, pero siempre y cuando prevalezca el estado social de derecho, esa es la mejor ruta para todos.