Por ajustarse a la norma, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió la tutela presentada por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata para recuperar el parque Consuelo Araújo Noguera que en 2018 pasó a manos del municipio de Valledupar.

La acción fue interpuesta contra la Sección Tercera -Subsección “A”- del Consejo de Estado, al haber proferido las providencias de 5 de julio y 30 de agosto de 2018, “por estimar que le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la propiedad privada y a los principios de buena fe y confianza legítima”.

La Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata contrató como apoderado para este caso al exmagistrado Humberto Sierra Porto.

Con la medida, la Fundación busca que se deje sin efecto la sentencia del 5 de julio de 2018 que ordenó devolverle al municipio de Valledupar el Parque de la Leyenda en donde cada año se realiza el Festival. Según los argumentos del apoderado de la Fundación para presentar la acción, el Consejo de Estado no profirió una sentencia en la cual ponderara los diversos intereses y derechos colectivos en juego, ni tampoco tuvo en cuenta el riesgo que suponen las órdenes impartidas para la realización del Festival de la Leyenda Vallenata. “En efecto, aunque los jueces de la acción popular no se detienen a analizar las consecuencias de su decisión en uno de los principales eventos culturales del país, parecieran defender la tesis -acorde con ciertos intereses políticos- de que el municipio debe ser el encargado de la organización del Festival. Este sería el resultado de despojar a la Fundación de toda la infraestructura especialmente diseñada y acondicionada para tal efecto y además de la particular tesis defendida en las sentencias objetadas, según el cual estos bienes son de uso público lo que impone a su vez serias limitaciones que sean gestionados por particulares”.

Otro de los argumentos del apoderado es que en el fallo del año anterior la postura adoptada implícitamente por las sentencias de primera y segunda instancia desconocen el papel que la Fundación ha tenido a lo largo de estos años en la consolidación del Festival como un evento cultural de primer orden, y no toman en consideración que precisamente la creación de esta organización privada tuvo como fin gestionar con un alto grado de profesionalidad y eficiencia, al margen de los intereses políticos de turno.

“Una ponderación de los bienes jurídicos en juego habría permitido adoptar decisiones que no resultaran vulneradoras de los derechos de la Fundación, como por ejemplo, establecer que ciertas áreas del Parque de la Leyenda Vallenata fueran abiertas al uso y disfrute público, y que no implicaran una amenaza a un patrimonio cultural intangible de la nación”, dice la acción.
Por estas razones, el abogado de la Fundación solicita al Consejo de Estado que se proteja el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa.

Por: SANDRA SANTIAGO B. / EL PILÓN
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