Al igual que en economía, desde la hacienda pública se debe lidiar con el problema de la escasez debido a que hay menos recursos que necesidades por satisfacer.

La crisis de salud pública que ha generado la covid-19 ha impactado de forma negativa y contundente la economía mundial, circunstancia que se acentúa con mayor fuerza en los países que se encuentran en vía de desarrollo como es el caso de Colombia y que se ve reflejada de manera especial en las finanzas territoriales.

La situación actual ha gestado un escenario hacendístico complejo para el que ni las instituciones ni los ciudadanos estábamos preparados. Al menos en la presente anualidad, los departamentos, distritos y municipios del país no percibirán los ingresos tributarios y no tributarios en las proporciones esperadas antes de la emergencia social y bajo las cuales se estructuraron proyecciones financieras que sirvieron de referencia para la construcción de los planes de desarrollo y los planes plurianuales de inversión. Esta situación exhorta a los alcaldes y gobernadores a iniciar de manera urgente procesos de reorganización en planeación y presupuesto.

Pero ¿cómo se exterioriza esta situación en cifras? La Federación Nacional de Departamentos (FND) indica que en abril de 2020 el recaudo de las rentas departamentales cayó en un 45 % frente al mismo mes para el año 2019 y en un 10 % en el primer cuatrimestre del presente año con relación al mismo lapso del año anterior. Los 32 departamentos del país han dejado de percibir $280.121 millones en sede de recaudos tributarios y no tributarios durante los primeros meses de 2020, la FND prevé que en el mes de mayo el hueco de no recaudación profundice más.

En el Cesar, según informó la Secretaría de Hacienda Departamental en entrevista con El Heraldo, en abril de 2020 los ingresos corrientes cayeron en un 34 % con relación al mismo mes en 2019. Los decrecimientos más fuertes se aprecian en el impuesto a registro (-97%), vehículos (-80%), cerveza (-42%) y estampillas (-32%)”.

Ante este panorama resulta importante que el gobierno central a través del Ministerio de Hacienda coordine con los gobiernos locales alternativas que oxigenen las finanzas territoriales para hacerle frente a la crisis, una de ellas podría ser la habilitación de líneas de crédito público con intereses blandos y plazos holgados.

Por otra parte, esta coyuntura nos recuerda lo fundamental que es gastar de forma responsable, invertir con ajuste a las necesidades sociales y económicas más apremiantes para el territorio y tener un plan de contingencia para las ‘vacas flacas’.

Estos tiempos difíciles deben ser enfrentados con entereza y dinamismo por parte de los ordenadores del gasto. No deja de inquietar la incertidumbre que genera la superación de la crisis de la covid-19 y sus implicaciones socioeconómicas. Por el momento la reapertura económica se encuentra supeditada a un factor de gradualidad, el cual no debe ser expuesto a medidas apresuradas ni a negligencias.

Esperemos que las entidades territoriales estén soportando los golpes de la actual situación macroeconómica del país. Para calcular lo que viene será importante conocer el contenido del marco fiscal de mediano plazo que debe ser presentado a más tardar el 15 de junio y que mostrará datos relevantes como el programa macroeconómico plurianual y el análisis de la sostenibilidad de la deuda pública.

Lo cierto es que haya o no una crisis, salvo un evento extraordinario, la tarea de los entes territoriales será siempre ‘capotear’ la escasez de recursos, y para hacerlo con éxito se requiere: voluntad política, capacidad técnica y sensibilidad social a la hora de gerenciar. Todo indica que esto apenas comienza. Amanecerá y veremos.