Con variaciones, en la noche del pasado martes, la Sala Plena de la Corte Constitucional avaló el Acto Legislativo 01 de 2017, que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, conformado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. En tan importante decisión dos magistrados de la Corte Constitucional (CC) no participaron por impedimento, los otros siete magistrados miembros de la CC, por unanimidad declararon exequible la JEP.

Justo a tiempo, con gran sensatez, la CC ha sorteado el impase que ha frenado la implementación de los acuerdos de paz entre las Farc y el presidente JM Santos (a quien hay que reconocerle su empeño en finalizar la guerra interna colombiana), principalmente en lo referente al juzgamiento de civiles involucrados en el conflicto armado interno que tanto perjuicio nos ha generado, dejando millones de víctimas, entre las cuales millares de ellas requieren justa reparación.

En efecto, la CC ratificó la participación en política de los militantes de las Farc solidarios con el pacto de paz, bajo el condicionamiento de que los exguerrilleros que salgan elegidos a cargos públicos en los próximos comicios deben pasar por la JEP y cumplir las posibles sanciones si no declaran la verdad, sobre todo los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra; es decir, cualquier ocultamiento y no reparación, de ipso facto, los dejaría excluidos de los cargos obtenidos por elección popular.

En consecuencia, Rodrigo Londoño Echeverri (alias Timochenko), jefe del partido político denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), puede ser elegido Presidente de la República, y Luciano Marín Arango (alias Iván Márquez), Seusis Pausias Hernández Solarte (alias Jesús Santrich) y otros excomandantes guerrilleros pueden inscribirse como candidatos al Congreso de Colombia.

Obvio que obtendrán votos, en la misma forma que lo tendrán otros politiqueros de nuestro país; es decir, por militancia leal, constreñimiento y la usual compra de votos, ya que tienen seguidores incondicionales y mucho dinero producto de sus actividades ilícitas, especialmente del narcotráfico. Y, quizás, algunos de estos excomandantes guerrilleros también lograrán conseguir curules parlamentarias y recibirán mermelada por las alianzas en la aprobación de proyectos incluidos los de actos legislativos con los consabidos argumentos de hacer transformaciones trascendentales.

Sin embargo, pese a tales componendas por no decir despotismos, la gente pujante y decente, aunque a paso lento, seguirá adelante en la búsqueda de vivir en un mejor país, porque la situación actual es inaguantable, por lo tanto tiene que mejorar y no basta con acabar la guerrilla sino combatir la inmoralidad administrativa, tanto pública como privada. Solo así llegará el momento en el cual viviremos en mejores condiciones sin tantas desigualdades, en el que todo mundo tenga los mismos derechos sin necesidad de matanzas ni de arrebatarles las oportunidades de bienestar a nuestro prójimo.

Por José Romero Churio