Al exgerente de Emdupar, Luis Eduardo Gutiérrez Aroca, la fiscalía le formuló acusación por el presunto detrimento patrimonial que se generó en la obra de la planta de agua potable ‘La Huaricha’ durante su administración en el año 2014 en Valledupar. 

El exfuncionario será llevado a juicio por los delitos de peculado por apropiación agravado en concurso con contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Junto a él responderán por las mismas conductas el también exgerente de la institución, Jorge Navarro Hernández y el exjefe de producción, Guillermo Eligio Contreras Brochel. 

La investigación obedeció al Contrato N° 050 del 21 de febrero de 2014 suscrito por el exgerente de Emdupar, Luis Eduardo Gutiérrez y la Unión Temporal Optimización, PTA, por valor de $3.944.409.766 y con un plazo de 15 meses.  

El objetivo era la optimización del sistema de agua ‘La Huaricha’ debido a que fue implementada en el año 1995 y solo en el año 2006 fue restaurada con unos materiales igual a los que ya venía presentado filtraciones. 

No obstante, según la Fiscalía 5 seccional el contrato presentó irregularidades en las etapas precontractual y contractuales. Por ejemplo, la búsqueda del contratista la iniciaron mediante una invitación privada y no con una pública como lo estipula la ley por la cuantía de la obra. 

“Tampoco se evidencia en los documentos entregados por Emdupar y recolectados por los investigadores la publicación de un aviso por medio de un periódico de amplia circulación y mucho menos que el proceso fuera publicado en carteleras de la empresa tal como lo establece el Manual Interno de Contratación de Emdupar”, manifestó Johan Ustáriz, fiscal 5 seccional. 

Además, los trabajos iniciaron tarde por otro contrato que celebraron con el Consorcio Protech de interventoría externa por valor de $394.005.600 con plazo de 16 meses.

En cuanto a la supervisión del contrato el día 4 de septiembre de 2014 el jefe de División de Contratación asigna a Luis Eduardo Santiago, en ese entonces jefe de División de Producción como supervisor. Sin embargo, las actas de inicio y final están firmadas por Guillermo Eligio Contreras como supervisor, pese a que no había documentación que lo asignara a él, es decir, el contrato habría sido supervisado por alguien ajeno a la relación contractual. 

De igual manera la Fiscalía durante las indagaciones solamente encontró un informe de interventoría, que para el ente es más bien de supervisión, el cual fue tomado como base para suscribir un acta final en que se indicó que los diseños realizados llegaron al 148 % del presupuesto.

En los diseños finales la supervisión informó que, estando la obra en ese porcentaje de presupuesto, en la búsqueda de los recursos la moneda colombiana se había devaluado, lo que afectaba el valor de la obra.  En ese sentido, dieron por finalizado el contrato con la Unión Temporal Optimización, PTA.

Es así que desde el inicio del proyecto solamente realizaron el levantamiento topográfico y demoraron otros meses realizándolo. Aun así, le reconocieron al contratista por la no ejecución del contrato unos mil millones de pesos, así como también habrían dado dinero a la interventoría que no habría actuado en el desarrollo contractual. 

No obstante, al inicio de este pleito la entonces defensa del exgerente Luis Eduardo Gutiérrez comunicó que el exfuncionario era inocente porque solo suscribió el contrato dado que después se retiró del cargo.