Las inconsistencias que presuntamente se presentaron en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el año 2014, ocasionaron que el exalcalde de Valledupar, Fredys Miguel Socarrás Reales, fuera acusado del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en una audiencia desarrollada ante el Juzgado Séptimo Penal con función de Conocimiento.

Junto a él también deberá responder por el mismo delito el exsecretario de Educación, Asdrúbal Rocha Lengua; mientras que la exjefe de asesoría jurídica, Mery María Romero Maestre, solo fue responsabilizada de prevaricato por acción.

Todos serán llevados a juicio por el convenio N°02 del 16 de enero de 2014 que suscribió la Alcaldía de Valledupar con la Fundación Kabala, representada legalmente por María Angélica Araújo Noguera, cuyo objetivo fue aunar esfuerzos para garantizar el servicio de alimentación escolar durante la jornada escolar a los niños, niñas y adolescentes en las áreas rurales y urbanas de la capital del Cesar.

El contrato tuvo un valor de $9.886.493.059, de los cuales el municipio aportó $8.882.093.059 y el contratista $1.064.400.000 para que fuera ejecutado inicialmente en un plazo de 108 días hábiles según el calendario escolar.

No obstante, para la Fiscalía 5 seccional este se realizó violando los principios que gobiernan la contratación pública.

Una de las irregularidades detectadas fue que contrataron de manera directa y no a través de licitaciones públicas, además el procedimiento fue publicado en el Secop el 22 de enero del mismo año y no en los tres días después de la expedición.

Otra inconsistencia fue que el exsecretario Rocha durante sus estudios de idoneidad emitió constancia de aprobación en favor de Fundación Kabala, la cual presuntamente carecía de una adecuada y suficiente motivación de reconocida trayectoria con resultados satisfactorios en materia de contratación.

“Mery María Romero Mestre en su condición de jefe de Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía el día 16 de enero de 2014 recibió en su despacho toda la documentación contentiva de la etapa precontractual (…) con el propósito de analizar y evaluar cada una de las piezas que conformaban la carpeta, a fin de emitir un concepto desde el punto de vista técnico jurídico sobre la procedencia de la modalidad que se pretendía aplicar al PAE, y es así como el mismo día mediante memorando interno número 0190 emitió un concepto sin ninguna motivación o sustento jurídico, mediante el cual expresó entre otra cosas que: ‘el procedimiento se ajustaba a los parámetros establecidos’”, reza la acusación.

En consecuencia, sería claro que aparentemente quisieron propiciar que el contrato fuera de dicha fundación. Así las cosas el 18 de septiembre de 2020 los tres exfuncionarios fueron vinculados al proceso penal que ahora afrontan.

EL DATO

Este es apenas uno de los tres procesos que afronta el exmandatario de la capital del Cesar. Los dos primeros están relacionados a la permuta y compraventa que realizó de unos predios del municipio.