Siete militares más condenados a 40 años

AP. y EL PILÓN
La Fiscalía acusó a 29 militares por la ejecución extrajudicial de dos hombres que falsamente fueron reportados como guerrilleros de la Farc abatidos en combate hace cinco años.
El 14 de mayo de 2005, en San José de Oriente zona, rural del municipio de La Paz, tropas del Ejército dijeron haber abatido a Frank Enrique Martínez Caviedes y Claudino Manuel Olmedo Arlante por ser rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero, “de acuerdo con lo establecido por el fiscal instructor, tanto Martínez como Olmedo eran habitantes de Valledupar, no pertenecían a las FARC y sus decesos no fueron consecuencia de un enfrentamiento con el Ejército”.
La decisión de un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía afecta al subteniente Iván Leonardo Ávila, a los suboficiales Luis Fernando Ospitia y Néstor Serrano y a 26 soldados como presuntos responsables del delito de homicidio agravado en persona protegida. El proceso contra los uniformados quedará ahora en manos de un juez para su etapa de juicio.
Reforzarán investigaciones  (INTERTITULO)
Tras una reunión entre el fiscal general, Guillermo Mendoza, y el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, se creó una comisión para fortalecer las investigaciones judiciales por los asesinatos cometidos por militares, integrada por un alto funcionario de la Fiscalía y el viceministro de Defensa, Rafael Guarín.
El jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, Hernando Castañeda, tras conocer los alcances de la reunión entre el Fiscal y el Ministro de Defensa, precisó que “se necesitan unos 27 fiscales más” para adelantar todos los procesos por ejecuciones extrajudiciales.
Dijo que actualmente dirige en toda Colombia unos 39 fiscales para estos casos y que al menos 65 nuevos investigadores deben ser contratados para fortalecer las investigaciones.
En concepto del ministro Rivera, “el gobierno tiene un compromiso con la verdad para que muy prontamente nos digan qué pasó en esos episodios. Que haya condenas para los culpables y absoluciones para los inocentes”.
Hace dos años los medios de comunicación denunciaron que once hombres de Soacha, una barriada del sur de Bogotá, fueron asesinados por militares y presentados falsamente como delincuentes abatidos en combate.
El 29 de octubre de 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) destituyó a 27 militares porque por acción u omisión participaron en la ejecución extrajudicial de esos once hombres de Soacha.
En aquel momento, la Fiscalía inició una investigación para establecer la participación de militares en asesinatos de civiles, o ‘falsos positivos’, como fue denominada en Colombia esa criminal práctica.
RECUADRO
A la fecha, la Fiscalía se investiga la muerte de más de 2.400 civiles víctimas de ‘falsos positivos’ y unos 1.100 militares están siendo investigados por estos hechos.
Fallo condena a 40 años de prisión a militares
(INTERTITULO)
El Juzgado Cuarto Penal de Valledupar, sentenció a 40 años de prisión al sargento Dagoberto Bustamante Mendoza, el cabo José Miguel Zuleta Palmera y a los soldados Joel Cañas de la Rosa, Jorge Enrique Sánchez, Pedro Manuel Uruchurto Nieves, Alexander Sosa Peñaloza y Luis Fabián Padilla Olguín, adscritos a la Décima Brigada del Ejército.
Los militares fueron condenados por el delito de homicidio en persona protegida en los que resultaron víctimas  Edilberto Hernández García,  Joan Caicedo Ávila y Andrés Alfonso Ramírez Cantillo.
De acuerdo al sumario, los hechos se presentaron en mayo de 2007 cuando el Ejército reportó a estas personas como subversivos muertos en combate; versión que quedó desvirtuada tras las investigaciones por parte de la Fiscalía 67 de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
La determinación se soportó en el argumento de la Fiscalía  que indicaba que las víctimas, quienes aparecieron asesinadas en inmediaciones  del corregimiento de Villa Germania jurisdicción de Valledupar, llegaron hasta el departamento de Cesar, procedentes de la vereda La Playa en el Atlántico, creyendo que serían empleados en cultivos de algodón. Este hecho ocurrió el 14 de mayo de 2007.