Después de más de una semana de bloqueos viales por parte de los productores que rechazaban los bajos precios del arroz paddy verde —el que llega para ser procesado en los molinos—, terminó el segundo paro del gremio durante 2025, tras las negociaciones con el Gobierno nacional que resultaron en 7 acuerdos. Por parte, la administración central estuvieron ministerios como el de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio, Industria y Turismo, Hacienda y Crédito Público; Ambiente y Desarrollo Sostenible e Interior, así como con la Policía Fiscal y Aduanera y la Superintendencia de Industria y Comercio, cuyos representantes se sentaron con los productores movilizados, representados por el Comité nacional del paro arrocero.
El primer compromiso de esas conversaciones, las cuales estuvieron acompañadas por la Defensoría del Pueblo, es la regulación del precio del arroz paddy verde por medio del régimen de libertad regulada que fija el costo que deben pagar los molineros por carga de 125 kilos y por tonelada, según la región productora en la que se encuentren.
Por ejemplo, en la Costa norte, la fórmula establecida en la resolución propuesta por el Ministerio de Agricultura dicta $1.565.000 por tonelada, mientras que en los llanos sería de $1.508.000, para garantizar los costos de producción sin afectar las utilidades.
Mesa técnica
La institución espera un concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para expedir y dejar en firme dicha resolución, que además pondrá la lupa sobre los compradores para que paguen el precio justo.
Esta medida conlleva al segundo punto: crear una comisión con participación de ambas partes cuyo objetivo será “identificar e implementar los mecanismos contemplados en la ley que permitan arropar a las productoras y productores afectados por la caída de precios del arroz paddy verde desde el 26 de junio de 2025 hasta la fecha de expedición de la Resolución que someterá al régimen de libertad regulada de precios al producto agrícola no transformado”, según el Gobierno. Este espacio también está pensado para implementar el paquete de medidas para apoyar la comercialización por medio del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios – FAIA- en el primer trimestre de este 2025.
Medidas de defensa comercial
El tercer compromiso es que el Ministerio de Comercio evalúe la viabilidad de promover la implementación de medidas de defensa comercial y política de aranceles frente a las importaciones de arroz paddy y blanco que aumentan la oferta a nivel nacional y genera competencia con los productores locales.
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Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible quedó en hacer otra mesa con el Comité Nacional de Paro Arrocero con el fin de buscar una solución definitiva que permita el acceso “justo” al agua para el sector agropecuario, mientras que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrá que liderar una mesa técnica con el objeto de revisar las fuentes de información para la determinación de la presunción de costos de este cereal.
Controles a centros de acopio
El sexto acuerdo es con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quienes tendrán que realizar controles en los centros de acopio y en los molinos en los lugares acordados en la mesa, con el fin de revisar los stocks y sus orígenes. Finalmente, el Comité del paro tuvo que declarar culminada la manifestación nacional y suspender todos los cierres de vías asociadas a la protesta iniciada el 14 de julio, sin embargo, no descartaron retomar las movilizaciones si el Gobierno nacional no cumple lo pactado.
En el Cesar
A nivel del Cesar también hubo diálogo entre la gobernadora Elvia Milena Sanjuán y el Comité de Arroceros. Por la coyuntura, la mandataria se comprometió a seguir presionando al Gobierno nacional para que fije un precio justo para los productores, quienes aseguran que ad portas de la cosecha les ofrecen alrededor de $1.300 por kilo.
Pero más allá de este tema de competencia nacional, los arroceros manifestaron otros problemas que afectan la producción, como el estado de las vías, principalmente en el corregimiento de Badillo, y el contrabando, por lo tanto, Sanjuán afirmó: “Hemos escuchado un inventario de vías terciarias que necesitan ser intervenidas, hemos instruido a nuestro banco de maquinarias del departamento para que inspeccione estas vías y asumiremos compromiso a corto plazo de ir y mejorar esos tramos viales”.
Posible ampliación del molino
En torno a la legalidad, el gobierno enviará una carta a la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) para fortalecer el control contra el arroz de contrabando de países vecinos que afecta la competitividad local. Además, la gobernadora mencionó que formularán un proyecto para la ampliación del molino de arroz ubicado en el corregimiento de Valencia de Jesús.
“Estaremos junto con ellos articulando la posibilidad de construir un proyecto que nos permita seguir tocando puertas para acceder a recursos. El nivel de productividad en el Cesar lo podemos replantear con el concurso de los gremios”, dijo. Finalmente, mencionaron la articulación con el Fondo de Financiamiento Agropecuario (Finagro) para la creación de líneas especiales de crédito y tasas compensadas que mejoren la financiación del sector.
Por Redacción General.
