Todo mundo sabía que lograr un acuerdo de paz con las Farc sería un proceso con enormes inconvenientes, porque en más de 50 años de guerra continua se cometen crímenes inadmisibles, en realidad, imposibles de olvidar y quizás de nunca perdonar.

Varios presidentes de Colombia iniciaron diálogos de paz con las Farc ?la hueste guerrillera más grande y fuerte de las múltiples conformadas en nuestro país?, los presidentes anteriores a Juan Manuel Santos, en breve tiempo renunciaron a la negociación política de la paz por inconveniencias que, en verdad, podían  sortearse en aras de la búsqueda del acuerdo para una paz permanente entre los colombianos; sin duda alguna, más beneficiosa que seguir combatiéndola con las armas, cuyas consecuencias tan desastrosas estamos cansados de sufrirlas y no queremos que la vivan nuestras próximas generaciones.

El proceso de paz del gobierno del presidente JM Santos ha tenido amplio respaldo y apoyo internacional; sin embargo, la alta polaridad política interna ha sido su principal obstáculo, sobre todo la oposición del uribismo, cuyo líder no transige con la intención de que su supuesto traidor fracase en el propósito de alcanzar la paz en nuestro país. Han sido más de siete años de ardua disputa y aún está en veremos el supremo  empeño del presidente JM Santos.

Yo soy uno de los defensores del acuerdo de paz firmado hace un año en el Teatro Colón de Bogotá, que incluyó cambios (por el triunfo del No en el plebiscito de refrendación) del firmado en Cartagena a finales de septiembre de 2016 ante 2.500 personalidades, entre los cuales estuvieron el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, primeros mandatarios y cancilleres de diversos países.

Hoy se vence el plazo de la vigencia del fast track, el mecanismo político para acelerar la aprobación de los proyectos de actos legislativos pertinentes a la paz, retrasada por la oposición  con argumentos, algunos válidos en la democracia y otros con intransigencias mañosas que tienen en vilo la implementación del acuerdo firmado por el presidente JM Santos y ‘Timochenko’ a finales de noviembre de 2016.

La aprobación que más contratiempos han tenido es la jurisdicción especial  de paz (JEP), ya renegociada con la exclusión de la obligación de que los civiles y terceros comparezcan ante  la Justicia Transicional a confesar la verdad y aceptar las responsabilidades susceptibles de sanciones se encuentra en la fase de conciliación, no obstante todavía presenta dificultades como las inhabilidades de los magistrados escogidos para integrar la corte de la JEP, que deberían resolverse hoy, de lo contrario sería un duro revés para la consolidación de la paz. Otra es la reforma política para habilitar las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz en la Cámara de Representantes en los periodos comprendidos entre 2018 y 2026, que ayer quedó a portas de hundirse en el Congreso.

En todo proceso de paz negociado siempre hay impunidad, lo fundamental es que los principales involucrados tomen conciencia de no repetición y se indemnice a las víctimas de la mejor manera posible. Además los dirigentes, tanto los políticos como los empresarios de todas las actividades económicas, conformen gobiernos creadores de bienestar a toda la población, si no, la desigualdad social seguirá generando no solo conflictos sino peligrosos delincuentes que no respetan la vida de sus semejantes.

Por José Romero Churio