Léase: ‘temas discutidos sin acuerdo posible, dejados para el final con el fin de poder anunciar avances y pasar al siguiente punto, en el cual quedan nuevas salvedades”. En un reciente análisis del exministro Juan Camilo Restrepo se cuentan diez grandes temas, solo en el primero de los cinco puntos de la negociación, que ya apagó su segunda velita desde que fue develada en 2012.
Aunque Restrepo advierte con algo de ingenuidad que “el Gobierno no está en la obligación de aceptarlas en la fase final de las negociaciones, que, desde luego, no será fácil”, pues se le olvidó advertir que la guerrilla tampoco está obligada a nada, lo que después de tantos ‘pitos y flautas’ puede llevar las negociaciones a un punto muerto, o a su muerte, pues, como hace notar el mismo analista, “las pretensiones más radicales de la guerrilla han quedado remitidas al tema de los pendientes”.
Latifundio y delimitación de la propiedad agraria. Prohibición de inversión extranjera en tierras y agroindustria. Extracción minero-energética y conflictos en el uso de la tierra. Regulación a la producción de biocombustibles. Renegociación de los TLC. Nueva ley de ordenamiento territorial. Financiación presupuestal para los territorios campesinos. Cuantificación del fondo de tierras en 20 millones de hectáreas. Creación de un consejo de tierra y de territorio, encargado de definir el uso de la tierra. Redefinición del derecho real de superficie.
¡Casi nada! He invertido espacio en esta lista, precisamente para que se entienda la dimensión, la acidez de lo que falta, frente al rosario de generalidades del documento que Restrepo califica, con orgullo de autor, como “el esbozo de un gigantesco plan de desarrollo rural”, plan que, por supuesto, nunca se debió negociar con las Farc, porque el Gobierno juró que no negociaría el modelo de desarrollo.
Podría dedicar de a columna a cada uno de estos pendientes, pero me limito a resaltar una diferencia inquietante. En el documento, la cuantificación del Fondo de Tierras quedó con puntos suspensivos, pero mientras el Gobierno lo tasa en tres millones de hectáreas, las Farc van por veinte millones. A mí me dan más las cuentas de las Farc, porque si las familias beneficiarias fueran 300.000, como estima el Gobierno, le corresponderían diez hectáreas a cada una, que pueden ser suficientes en el centro del país, pero nada en la altillanura, donde la UAF supera las mil hectáreas, como el mínimo de tierra para generar ingresos de pobre a una familia pobre.
Tres o veinte millones, ¿de dónde saldrán? Entre extinción judicial de dominio y recuperación de baldíos, el Gobierno estima un máximo de 1.500.000 hectáreas, que serán menos pues el mismo Restrepo dice de la primera que “No es tarea fácil” y de la segunda que “Es factible, pero requiere voluntad política de hierro”. Así las cosas, como las demás fuentes son marginales, para levantar 1.500.000 hectáreas, o ¡18.500.000! según las Farc, quedan la extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica, y la expropiación por motivos de interés social o de utilidad pública, instrumentos que, además, serían aplicados por nuevas instancias con “alta participación de las comunidades”.

El Gobierno tranquiliza a los propietarios legítimos insistiendo en que son medidas que ya existían, aunque inaplicadas. Y es cierto que no se negoció nada nuevo, pero lo que sí se negoció fue su aplicación masiva. No en vano el latifundio y la delimitación de la propiedad agraria encabezan la lista de pendientes. Lo dicho. A costa de ser calificado de irracional, los temores de una reforma agraria expropiatoria no son infundados.