Un aspecto primordial del cual se ocupa el proyecto de decreto del Ministerio de Minas y Energía al que nos hemos venido refiriendo, es el que hace relación al reglamento que rige el despacho de las plantas de generación por orden de mérito, con base a precios de oferta marginal, de menor a mayor hasta colmar la demanda, en el cual los costos de la última en entrar determina el precio de la energía en el mercado mayorista. 

Se trata de ajustes normativos y regulatorios que se pueden y se deben introducir al sistema, sin que ello se pueda interpretar como un atentado contra la institucionalidad, que no se puede confundir con el statu quo. Casi 30 años después de la vigencia de las leyes gemelas 142 y 143 de 1994, ameritan una evaluación rigurosa y una actualización a la luz de sus resultados y lecciones aprendidas en estas tres décadas.

A todas estas cabe preguntarse si la implementación de todas estas medidas lograrán su cometido de alcanzar el objetivo que se ha impuesto la ministra de minas y energía, Irene Vélez, con su anunciado ‘Pacto por la Justicia tarifaria’. En mi concepto varias de ellas, como la autogeneración y la generación distribuida, van en la dirección correcta y las creo necesarias, pero no son suficientes para contener la espiral alcista de las tarifas. Como es bien sabido, la tarifa que paga el usuario final está compuesta por varios cargos (CU = G + T + D + C + PR + R) y cada uno de ellos tiene su peso relativo en la factura. 

Un factor que sigue gravitando y presionando al alza tanto los precios de la energía en bolsa como las tarifas que paga el usuario final es el atraso de la ejecución de los proyectos, tanto los de generación como de transmisión. En efecto, según cifras del operador del mercado mayorista, en los últimos tres años se esperaba que se incorporaran al sistema interconectado nacional (SIN) 7.8 GW y sólo entraron efectivamente 1.5 GW, el 19% de lo planeado. 

Y claro, este atraso en la ejecución de los proyectos, además de estresar el SIN y de presionar al alza los precios y las tarifas de energía, se traducen en otro componente del CU, el cargo por restricciones (R), que paga el usuario final vía tarifas, cuando debería asumirlo el responsable del atraso. Dicho sea de paso, si algo contribuiría y mucho a reducir los precios y las tarifas de la energía sería el cumplimiento del cronograma de los proyectos contemplados en los planes de expansión que formula la UPME. 

Debe advertirse que varios de los artículos del borrador de decreto van a contrapelo de las leyes 142 y 143 de 1994, 1715 de 2014 y 2099 de 2021, transgrediéndolas, llevándose de calle, además, la facultad regulatoria que por ministerio de la Ley 143 de 1994 está reservada por esta a la CREG. De manera que este Decreto puede correr la misma suerte del que expidió el Gobierno para asumir las funciones de la CREG (Decreto 227 de febrero de 2023). Así de claro!

Por Amylkar D. Acosta M