Un grupo conformado por tres abogados instauró una acción popular contra la Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento del Cesar, la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), el Municipio de Valledupar, la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar) y la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, por la contaminación que sufre el río Cesar debido a las aguas residuales vertidas por la planta de tratamiento Salguero en Valledupar.

En la acción judicial, interpuesta ante el Tribunal Administrativo del Cesar en Valledupar, se alega que a la comunidad de 244 cabezas de familias les están afectando los derechos colectivos al medio ambiente, a la salubridad pública y al acceso a una infraestructura de servicios públicos, a la prestación de los mismos de forma eficiente y oportuna, derecho al trabajo y a la escogencia de profesión u oficio.

“Es hacerle ver al Estado que el montar la planta de tratamiento de aguas residuales en la zona del Salguero, aparte de deteriorar el medio ambiente, contaminó el río Cesar llevando a la instancia de que no existe ni flora, ni fauna. Los pescadores quedaron completamente sin el medio de sustento para sus hogares”, precisó el abogado, Richar Alonso Sescún Ortiz, quien en compañía de Rafael Ricardo Costa Dangond y Jorge Alberto García Costa representan a pescadores de Valledupar, La Paz, San Diego, Agustín Codazzi, Astrea, Chiriguaná y Chimichagua, así como a otro grupo de corregimientos como Aguas Blancas, Los Brasiles, Los Calabazos y Guacoche.

Según los informes entregados al Tribunal Administrativo, en febrero de 1997 Corpocesar le pedía a Emdupar corregir las fallas que estaban contaminando el río Cesar y la Contraloría Municipal hizo un control de advertencia a la misma empresa ante un posible detrimento patrimonial por daño ambiental, relacionado con los sistemas de tratamiento de aguas residuales de El Tarullal y El Salguero, correspondiente a las vigencias 2006 y 2007. Según el concepto técnico emitido por la autoridad ambiental, se estableció la necesidad de construir módulos adicionales a El Salguero para nivelar la situación e incluso eliminar El Tarullal, para el año 2013, según la resolución 169 del 17 de mayo.

Sin embargo, Corpocesar sancionó a Emdupar el 21 de julio de 2014 producto del mal funcionamiento de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales El Tarullal y El Salguero por el daño ambiental que se había generado por el vertimiento de residuos y no reducir la carga contaminante que recibía el río Guatapurí, y antes la había multado en 2008, por un monto de 28 millones de pesos, por incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, y no solo por la contaminación de los ríos Cesar y Guatapurí, también fue sancionada por el Plan de Manejo Ambiental del Relleno Sanitario de Valledupar.

“Se busca una mejor implementación del tratamiento de agua para recuperar el río o la reubicación de estas lagunas. Para las familias se tendría que resarcir el daño que le han causado a estas personas”, agregó Sescún Ortiz.

Este proceso jurídico inició en 2014, pescadores de diferentes regiones se reunieron y en consenso aprobaron el mecanismo de la acción popular, pero argumentaron que se alegarían de la política porque en muchas administraciones les prometieron recuperar el río Cesar y nunca les cumplieron.

“La acción popular fue emitida, el radicado es 2016-160 en el Tribunal y el magistrado ponente es el doctor José Antonio Aponte Olivella. Ahora vendrá la notificación a las entidades demandadas y posteriormente esperamos respuesta, para luego seguir el trabajo de encontrar una salida para todas estas personas afectadas por la contaminación al río Cesar”, dijo Richar Alonso Sescún.

Este proceso jurídico inició en 2014, pescadores de diferentes regiones se reunieron y en consenso recurrieron a la acción popular interpuesta ante el Tribunal Administrativo del Cesar en Valledupar.

“Se busca una mejor implementación del tratamiento de agua para recuperar el río o la reubicación de estas lagunas. Para las familias se tendría que resarcir el daño que le han causado a estas personas”: Richar Alonso Sescún.

Por Carlos Mario Jiménez
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