Nuevamente abril con la fuerza destructora de la pandemia, otra vez un abril distinto a los que por años disfrutábamos; en otrora un mes de música, piloneras, notas de acordeones lejanas practicando para la fiesta cultural más importante de Colombia; todo ha cambiado y en especial por las muertes que se multiplicaron en esta fase del covid-19; el año anterior para esta época estaba iniciando el contagio y era difícil pronosticar la cantidad de muertes causadas por esta enfermedad, pero en este abril muchos han fallecido y no sabemos cuántos faltan.

A todo este panorama se le suma una peligrosa iniciativa que busca apartar a la Fundación de la Leyenda Vallenata de la organización del festival. La jurisdicción Contencioso Administrativa propinó un durísimo golpe a esta región con la sentencia que obliga a la Fundación a entregar el predio y el parque de la leyenda al municipio. Nunca un proyecto tan ambicioso había tenido tanto éxito en nuestra ciudad, convirtiéndose en eje de la economía regional, nadie puede dar testimonio de semejante proeza, solo Consuelo Araujonoguera pudo lograrlo y sus discípulos mantenerlo.

En los pronunciamientos de primera y segunda instancia, los magistrados administrativos caen en una serie de precisiones conceptuales y normativas en esa nociva costumbre de los jueces de considerar que entre más larga sea una providencia se ajusta más al Derecho o es justa, pero es en este último punto en el que cabe una forzosa reflexión: no es justo después de tantos años usar una acción popular, en lugar de otros mecanismos ordinarios, para reclamos que desconocen la realidad cultural y económica de toda una región, ignorando lo que denominan fuentes materiales del derecho, que concibe a la sociedad como un laboratorio y no debe ser desconocido por los jueces.

Una sentencia del año 2018 sobre hechos ocurridos 20 años atrás debió tener en cuenta el impulso de una región gracias a un evento que ha mejorado en cada versión, pero además proporciona saludables resultados para combatir el desempleo meses previos y posteriores a su celebración, muchas personas ofrecen bienes y servicios como efecto colateral del festival, estos elementos debieron considerarse en una sentencia que genera incertidumbre, no para la Fundación, para toda una región, insisto.

Ahora, la petición elevada ante el alcalde de impedir que la FFLV organice el festival no es menos dañina que la sentencia misma, la confianza que genera esta institución en artistas, turistas, patrocinadores, medios de comunicación, etc., no la genera ningún otro, los que asisten al festival no lo hacen por el evento en sí, lo hacen porque saben de la trayectoria de un ente que conoce los detalles mínimos de esta fiesta cuyo éxito es indiscutible.