Por: Luis Rafael Nieto Pardo Defensor público Luego de habernos tomado el acostumbrado receso de fin de año, retomamos los temas de carácter y corte jurídico que constituyen la columna vertebral y la razón de ser de este espacio de opinión, libre de presiones, ataduras y mordazas; ya que cada columnista es, y así debe […]
Por: Luis Rafael Nieto Pardo
Defensor público
Luego de habernos tomado el acostumbrado receso de fin de año, retomamos los temas de carácter y corte jurídico que constituyen la columna vertebral y la razón de ser de este espacio de opinión, libre de presiones, ataduras y mordazas; ya que cada columnista es, y así debe ser, responsable de su espacio y de sus opiniones; siempre y cuando que con ellas no se vulnere ningún derecho fundamental ni constitucional y siempre orientados, ante todo, a la primordial defensa de los Derechos Humanos.
Por eso, hoy, como inicio de nuestras labores en el nuevo año, hemos escogido el importante, interesante y fundamental tema del DERECHO DE DEFENSA; lastimosamente malentendido y menospreciado por algunos, incluso funcionarios oficiales.
Todos los personajes que intervenimos como sujetos procesales en las audiencias que se desarrollan en el nuevo sistema penal acusatorio, somos abogados, a excepción, casi siempre, del imputado o acusado. Me refiero concretamente a los personajes fundamentales que tenemos un rol en el desarrollo del drama y que, con algunas excepciones, no se puede poner en escena si falta alguno de esos actores: llámense actores Juez, Fiscal, Representante del Ministerio Público ( por fortuna de presencia no obligatoria en este sistema), el sindicado o acusado, Representante de la(s) víctima(s), que tampoco es obligada, siempre y cuando la Fiscalía le aclare al Juez, quien está obligado a requerir tal respuesta, en el sentido de que realizó las diligencias tendientes para que se hicieran presentes y hallan manifestado no tener interés en hacer, o no le haya sido posible contratarlos.
De todos modos, lo esencial es que en ese tinglado, hablando en lenguaje figurado, y con respeto (nos referimos a la sala de audiencias), los personajes centrales seamos abogados, ojalá con estudios y conocimiento en la rama del derecho en la que estamos desempeñando nuestro papel. En el campo penal, en el cual ya hace décadas me desenvuelvo, no sólo por ética, si no por respeto con uno mismo, tanto juez o fiscal, como abogado defensor y representante del ministerio público, debemos tener, no sólo tales calidades, sino también la suficiente y necesaria personalidad e hidalguía, para desempeñarnos con plena autonomía, independencia, decencia y altura.
De ninguna manera podemos perder el norte, y mucho menos demeritar ni desestimar al contendor; y tampoco entrar en alianzas fuera de contexto que desdibujen el entorno y tornen desigual la contienda; máxime cuando se escribe y se divulga tanto, el discutido concepto de que en este nuevo sistema de carácter adversarial, estamos en “Igualdad de Armas”. Desafortunadamente, y luego de haber transcurrido ya tres largos años de haberse puesto en movimiento tal sistema en nuestra Costa Caribe, tal aseveración no concuerda con la realidad, sigue siendo una utopía; los privilegios de la investigación continúan en cabeza de la Fiscalía; el Ministerio Público, al igual que antes, sigue apartado de su obligatorio y esencial rol de garante de la sociedad y del respeto a los derechos y garantías fundamentales, y sobre todo, recobrar y hacer, por lo menos notorio, su carácter de imparcialidad.
Cuando expreso la gran importancia de que los protagonistas de estos dramatizados seamos abogados conocedores de la materia que discutimos, lo hago con respeto y ánimo desprevenido; simplemente fundamentado en que, tal y como reza en la Introducción del Manual de Abogado sin Fronteras (Avocats sans frontieres), edición 2007 “El oficio del abogado es imprescindible para el cumplimiento del debido proceso y el acceso de todos a la defensa y al conocimiento de sus derechos. Pero este ejercicio profesional tan necesario a la vigencia del Estado de Derecho se enmarca en normas e instituciones que deben a la vez proteger la libertad y la independencia del abogado, garantizar al público la idoneidad y la lealtad del letrado”.
Por eso, el reciente caso del pobre hombre de raza negra que purgó 30 años de cárcel en Estados Unidos, acusado y condenado por un crimen que no cometió, prenden en uno la cólera que tan terrible injusticia ha provocado en muchos otros. ´
Por eso resulta difícil que se cometa una injusticia ante nuestros ojos y retener el sentido de perspectiva. Por eso se pierden a veces los estribos, que nunca deben perderse; pero produce rabia e inconformidad que algunos nos critiquen porque defendemos con vehemencia, aun hasta en los pasillos, la Presunción de Inocencia. Pero qué hacer, amigos, si ese es nuestro deber y devoción. De malas…