Música a alto volumen, ensordecedoras parrandas musicales en barrios y conjuntos residenciales, megáfonos, cornetas, entre otros ruidos que causan contaminación acústica, empezarán a ser regulados en la ciudad de Valledupar debido a que el Senado de la República aprobó en su último debate la Ley contra el ruido, la cual pasará a sanción presidencial y contará con multas para los infractores. 

La nueva legislación busca ofrecer a las autoridades regionales y nacionales herramientas adicionales para controlar el ruido generado en espacios públicos, semipúblicos o semiprivados, más allá de las competencias de la Policía. En ese sentido, esta ley obliga a los municipios con más de 100.000 habitantes como Valledupar a desarrollar planes de gestión contra el ruido, incluyendo diagnósticos y estrategias específicas para cada territorio. 

Además, el Ministerio del Medio Ambiente deberá crear una Política Pública Nacional de Calidad Acústica que se implementará en todo el país. En ese sentido, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, está liderando la construcción de unos mapas de ruido ambiental y planos de descontaminación por ruido en los municipios de Aguachica y Valledupar. 

Lo anterior con el propósito de conocer con precisión dónde están los sitios más ruidosos en estos municipios. “Esto no solo le va a servir a la comunidad, también a las instituciones como las secretarías de Gobierno, Policía Ambiental, así como a nuestra entidad”, precisó el coordinador del laboratorio ambiental de Corpocesar, Carlos Osorio Molina

Ley contra el ruido en el POT

Esta iniciativa establece que las alcaldías municipales en un plazo no mayor a 12 meses deberán incorporar en sus planes de gobierno medidas que mejoren la calidad acústica en sus municipios. Un aspecto innovador de esta política será la evaluación y posible implementación de tecnologías portátiles para la medición de ruido, facilitando su uso tanto por las autoridades como por los ciudadanos. 

“Dentro de los 12 meses posteriores a la reglamentación de la Política de Calidad Acústica a que se refiere la presente ley, los alcaldes distritales y municipales presentarán un proyecto de acuerdo dirigido a realizar los ajustes correspondientes al Plan de Ordenamiento Territorial, POT, encaminados a mejorar la calidad acústica en el municipio o distrito, y al cumplimiento de las demás disposiciones contenidas en esta ley”, indica la norma. 

Además, las metodologías y normas técnicas serán simplificadas para garantizar su aplicación efectiva en todo el país. Estas medidas estarán alineadas con estándares internacionales, adaptándose al contexto colombiano. 

Las multas

Dentro del texto también se contemplan sanciones para quienes excedan los niveles permitidos de ruido, garantizando su cumplimiento mediante entidades designadas. Dichas sanciones pueden alcanzar hasta los 40 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. También autoriza a las autoridades a suspender actividades que generen ruidos por encima de los límites permitidos.

“Para la adopción de decisión sobre infracciones por ruidos que afecten la convivencia, se seguirá el procedimiento establecido en la Ley 1801 de 2016, teniéndose en cuenta la inmediatez y oportunidad en la atención del motivo de Policía para lo cual, procederá la suspensión inmediata de la actividad, retiro del sitio y la medida correctiva de disolución de la reunión”, cita el texto. 

De igual manera, en las actividades que involucren aglomeraciones de personas se procederá con la “suspensión temporal de la actividad” solo cuando éstas se realicen en espacios públicos, semipúblicos, semiprivados y que afecten la convivencia. 

En ese orden de ideas, la ley puntualiza que la multa se impondrá al responsable de contrariar la normatividad vigente en la materia. En caso de no poder ubicar al propietario de la publicidad exterior visual, la multa podrá aplicarse al anunciante o a los dueños, arrendatarios o usuarios del inmueble que permitan la infracción. 

¿El ruido genera conflicto? 

Esta ley que ha tenido acogida en diferentes sectores del país, busca fortalecer las herramientas jurídicas y de Policía para preservar el orden público frente a las afectaciones derivadas del ruido. Esto incluye medidas que permitan garantizar el cumplimiento de las normativas acústicas, así como la resolución efectiva de conflictos relacionados con este tema. 

Según la Policía Nacional, el 70 % de los conflictos de convivencia están relacionados con el ruido. Además de generar afectaciones en el orden público, también provoca un impacto negativo en la salud. Según la Ley 90 de 1993, en Colombia, el límite máximo permitido para la emisión de ruido es de 65 decibeles (dB) durante el día, desde las 6 a.m. hasta las 10 p.m.; y 45 dB durante la noche, desde las 10 p.m. hasta las 6 a.m.

Los límites máximos permitidos de ruido en las zonas residenciales es de 65 dB durante el día y 45 dB durante la noche (decibeles que son superados con frecuencia en fiestas y parrandas de casa). Seguidamente en la zona comercial, 70 dB durante el día y 60 dB durante la noche.  Por último, en la zona industrial, 75 dB durante el día y 75 dB durante la noche.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la contaminación acústica puede causar estrés, insomnio, ansiedad y disminución de la productividad laboral, problemas que afectan cada vez más a la población colombiana. También sostiene que los niveles de ruido superiores a 65 dB pueden empezar a causar impactos negativos.

Por Namieh Baute Barrios