Cursa en el Congreso el Proyecto de ley que reglamenta el Acto legislativo 05 de 2019, modificatorio del Acto legislativo 05 de 2011 que reformó el régimen de regalías. Dicho proyecto ha debido ser presentado a más tardar el 30 de marzo, como lo dispuso el propio Acto legislativo, pero sólo se hizo el 5 de agosto; por su parte el Congreso tiene plazo para su aprobación el 30 de agosto, de lo contrario quedaría facultado el ejecutivo para expedirlo mediante Decreto legislativo.

Estamos, entonces, ante una situación litigiosa entre el Congreso y el ejecutivo, que podría derivar en demandas posteriores en el evento que el primero no alcance a expedir la Ley y el segundo la expida por Decreto. Podría alegarse que el ejecutivo, al no cumplir con la radicación a su debido tiempo del proyecto de ley, perdió la competencia y en consecuencia no la podría reasumir para expedirla alegando su propia culpa de la tardanza en su presentación extemporánea.

El Acto legislativo busca mejorar la participación de los departamentos y municipios productores y portuarios, la cual se vio reducida sensiblemente con la reforma del 2011. Con mucha razón dijo la ex directora del DNP Gloria Alonso, que si no se les mejora su participación “ni los productores ni los no productores van a ver las regalías”. Aunque, la verdad sea dicha, con la tendencia a la baja de los precios y la producción de petróleo y de carbón esos incrementos no se van a ver.

En efecto, pasarán de recibir el 10 % al 20 % y los municipios recibirán adicionalmente un 5 %. Pero para que, como dijo la ex ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez, haya“más plata para los productores y para los no productores también”, se echa mano de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE). Ello es preocupante, sobre todo después que el Gobierno nacional dispuso de los $14.8 billones ahorrados en el FAE y en el Fondo de Pensiones Territorial para financiar el Fondo de Mitigación Emergencias. Dicho sea de paso, esta Ley debería establecer una fecha límite para que tales recursos les sean reintegrados a las regiones.

Tal vez el mayor cuestionamiento por parte de alcaldes y gobernadores a este Proyecto es con relación al Fondo de Inversión Regional, el cual recibiría el 34 % de los recursos. Por una parte, porque los departamentos y municipios pierden el control del 50 % de tales recursos que irían a una bolsa concursable y de contera la viabilización de los proyectos quedaría en cabeza de los ministerios y departamentos administrativos, lo cual conculca el principio de la autonomía territorial consagrado en la Constitución Política. Se reserva, además, el Gobierno el derecho a presentar al OCAD sus propios proyectos, constituyéndose en ¡juez y parte!

Y, como si lo anterior fuera poco, el Gobierno central, a través del DNP asumiría la Secretaría técnica de la Comisión Rectora del SGR y también la del OCAD de Inversión regional, haciendo a un lado las secretarías técnicas de los OCAD regionales, disponiendo además de los recursos con los que estas cuentan actualmente para su desempeño, aproximadamente $120.000 millones, que pasarían a manos del DNP.