Un juez de control de garantías del municipio de Manaure envió a prisión al gerente de la IPS wayuu de La Guajira, Julio César Castillo, y el contador Juan Carlos de la Cruz Ortiz, investigados por presuntamente orquestar actos de corrupción en la entidad durante el año 2015. La medida de aseguramiento fue impuesta en […]
Un juez de control de garantías del municipio de Manaure envió a prisión al gerente de la IPS wayuu de La Guajira, Julio César Castillo, y el contador Juan Carlos de la Cruz Ortiz, investigados por presuntamente orquestar actos de corrupción en la entidad durante el año 2015.
La medida de aseguramiento fue impuesta en el marco de la continuación de las audiencias preliminares. La Fiscalía señaló a los implicados de haberse apropiado de 2.839 millones de pesos de un contrato destinado a la atención de comunidades indígenas.
El contrato fue celebrado en el año 2015 con el objetivo de prestarle varios servicios a cerca de 8.182 wayuu en estado de vulnerabilidad, además de tratar otras enfermedades ocasionadas por la fuerte sequía del fenómeno de El Niño. Sin embargo, careció de los principios de planeación, transparencia y economía para el cumplimiento de los ideales.
Durante su ejecución, según la Fiscalía, hubo giros de dinero a títulos personales y no se atendió la cantidad de personas establecidas.
Un juez de control de garantías del municipio de Manaure envió a prisión al gerente de la IPS wayuu de La Guajira, Julio César Castillo, y el contador Juan Carlos de la Cruz Ortiz, investigados por presuntamente orquestar actos de corrupción en la entidad durante el año 2015. La medida de aseguramiento fue impuesta en […]
Un juez de control de garantías del municipio de Manaure envió a prisión al gerente de la IPS wayuu de La Guajira, Julio César Castillo, y el contador Juan Carlos de la Cruz Ortiz, investigados por presuntamente orquestar actos de corrupción en la entidad durante el año 2015.
La medida de aseguramiento fue impuesta en el marco de la continuación de las audiencias preliminares. La Fiscalía señaló a los implicados de haberse apropiado de 2.839 millones de pesos de un contrato destinado a la atención de comunidades indígenas.
El contrato fue celebrado en el año 2015 con el objetivo de prestarle varios servicios a cerca de 8.182 wayuu en estado de vulnerabilidad, además de tratar otras enfermedades ocasionadas por la fuerte sequía del fenómeno de El Niño. Sin embargo, careció de los principios de planeación, transparencia y economía para el cumplimiento de los ideales.
Durante su ejecución, según la Fiscalía, hubo giros de dinero a títulos personales y no se atendió la cantidad de personas establecidas.