14 agosto, 2019

¡A pensar en grande!

Después de una larga espera, después de muchos ires y venires, vueltas y revueltas, fue expedida la Ley 1962 de 2019, de fortalecimiento de las regiones administrativas y de planificación (RAP) y, lo que es más importante, ella allana el camino para avanzar hacia la constitución de las regiones como entidades territoriales, al desactivar el […]

Después de una larga espera, después de muchos ires y venires, vueltas y revueltas, fue expedida la Ley 1962 de 2019, de fortalecimiento de las regiones administrativas y de planificación (RAP) y, lo que es más importante, ella allana el camino para avanzar hacia la constitución de las regiones como entidades territoriales, al desactivar el freno de mano que se le puso, irónicamente, en la Ley orgánica de ordenamiento territorial, que quiso esquivarla.

Razón tiene el ex constituyente y actual Gobernador del Atlántico y abanderado de la causa de la autonomía regional Eduardo Verano, que “vamos a tener que ser muy persistentes…Existe un centralismo a ultranza que no quiere que se den estos avances”, por ello hay que resistir, insistir y persistir en la lucha en contra de la recentralización que nos agobia y por la reivindicación de la autonomía territorial consagrada en la Carta.

Este logro no lo podemos tomar como si fuera un punto de llegada sino como punto de partida; con esta Ley contamos, por fin, con el instrumental necesario para que las regiones como tales, empiecen a empoderarse aún más. Y la coyuntura no puede ser más propicia, habida cuenta que en ella se contempla la conformación de una Misión de descentralización para que la misma presente al Congreso de la República una propuesta que permita barajar y volver a repartir tanto competencias como recursos entre la Nación y las entidades territoriales.
Sólo de esta manera se podrá ponerle tatequieto a la descentralización disfuncional, consistente en delegarle a las entidades territoriales más y más funciones y competencias, pero sin transferirle los recursos necesarios y suficientes para asumirlas.

Ello, obviamente, pasa por una reforma del Sistema General de Participaciones, tendiente a equilibrar las cargas entre Nación y territorios. Al propio tiempo, avanza en el Congreso un proyecto de acto legislativo que reforma el régimen de regalías, procurando compensar más y mejor a las regiones productoras sin desmedro de las no productoras.

Tenemos que pensar en grande, como región, anteponiendo el interés general al particular y el camino no es otro que el de la integración regional, el de la unión, porque juntos somos más y más fuertes. Si cada quien jala para su propio lado terminamos perdiendo todos, pues bien se ha dicho que sólos vamos más rápido, pero juntos vamos más lejos.

Identificados, priorizados, formulados y estructurados los proyectos de impacto regional, se plantea la necesidad de contar con las fuentes de financiación de los mismos. Para ello habrá que contar con los recursos propios, que son exiguos, los recursos regionalizados del PGN, los del sector privado a través de las APP y bajo la modalidad de obras por impuestos y, desde luego, los recursos del Sistema General de Regalías. A todas estas fuentes podrán acceder las RAP, ahora sí, para apalancar la financiación de sus proyectos por ministerio de la Ley de fortalecimiento de las mismas.