Sin duda que el acuerdo entre el Gobierno nacional y las Farc en el complejo tema de la justicia transicional convierte las negociaciones de La Habana en irreversibles. En sí misma es una gran noticia que le da una bocanada de aire a la débil gobernabilidad del presidente Santos, y que se suma al hecho que los últimos dos meses han sido los más pacíficos en los últimos 40 años. Pero un examen minucioso de los pendientes señala que el camino de la paz todavía será pedregoso y que los próximos meses serán cruciales para garantizar que la firma de la paz no se descarrile en las primeras de cambio.

Aunque el Gobierno tiene mayorías en el Congreso para reformar la Constitución, otorgarse facultades extraordinarias y sacar adelante la llamada Comisión Especial Legislativa, la batalla de aquí en adelante será política, será en la calle. Y en ese particular el Gobierno enfrenta dos serios obstáculos. El primero es que hasta ahora la mayoría de los colombianos, el 81 por ciento según la reciente encuesta de Cifras y Conceptos, rechaza penas que no impliquen cárcel para los máximos comandantes de la guerrilla culpables de crímenes atroces. En segundo lugar, porque a pesar de que los umbrales de aprobación del referendo, el plebiscito y la consulta popular son muy altos, el Gobierno no puede rehuir su compromiso de refrendar los acuerdos.

Bien valdría la pena que el presidente Santos y sus aliados no se desgastaran con iniciativas inútiles como la del senador Roy Barreras, quien presentó un proyecto de ley estatutaria con la propuesta de voto obligatorio para eludir el requisito del 50 por ciento de participación del censo electoral en un plebiscito por la paz. Una iniciativa que no solo es a todas luces inconstitucional, sino que además desconoce la inconformidad de los colombianos cuando se trata de imponer el voto obligatorio.

Descartada una asamblea constituyente, porque sin suficiente entusiasmo popular sería un salto al vacío, y excluido el referendo en virtud del engorroso trámite que tiene, el gobierno debería concentrarse en una consulta popular o el plebiscito. Allí bastaría con que al proyecto de reforma constitucional presentado la semana pasada se le adicionara la reducción de los requisitos de validez del plebiscito o la consulta popular.

Los obstáculos, sin embargo, no terminan allí. Es apenas obvio que un proceso de paz debe conducir a que hagan política quienes antes empuñaban las armas. Pero la participación política de los comandantes guerrilleros incursos en crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, las circunscripciones especiales de paz e incluso la justicia transicional para los agentes del Estado puede entorpecer el trámite de la reforma constitucional y las facultades extraordinarias al presidente para la implementación de los acuerdos de La Habana.

Es claro que el actual proceso de paz no desembocará en las grandes reformas que necesita el país. Pero al menos, se trata de afianzar unos acuerdos para un posconflicto exitoso, de sanar heridas, y no de sacarlos por la puerta de atrás para que luego arriesguen reproducir ciclos de violencia.

Por John Mario González