La prolongada confrontación armada que padece Colombia debe terminar. Hay que ponerle fin a tantas décadas de horror, masacres y muerte; con ese fin se adelantan las conversaciones en La Habana, pero el asunto no compete sólo a quienes allí discuten e intentan llegar a acuerdos. La guerra tiene otros actores y otros promotores, beneficiarios de ella, que no participan en esa Mesa.

En La Habana se está discutiendo el fin de la confrontación con las Farc y se espera que pronto se inicien conversaciones similares con el Eln. Pero cabe preguntar: ¿Cómo y cuándo se va a lograr el fin del accionar paramilitar? ¿De qué manera los agentes del Estado se van a comprometer con una política de paz para que no se repitan genocidios como el de la UP, ni horrores como los, eufemísticamente llamados, ‘falsos positivos’, amén de otras modalidades delictuosas implementadas por el ominoso DAS contra grupos políticos de oposición? El compromiso de la paz tiene que ser de todos los colombianos, pero la mayor responsabilidad es de los victimarios, sin distinción.

El informe Basta Ya del Centro de Memoria Histórica y muchos otros estudios sobre el tema de víctimas demuestran que un alto y mayoritario porcentaje de culpabilidad recae sobre grupos paramilitares y sobre agentes estatales. En desarrollo de la Ley de Justicia y Paz se han conocido confesiones de victimarios-paramilitares, pero esos informes abarcan sólo una mínima parte de sus delitos y muy poco sobre sus financiadores; de parte del Estado sólo se han conocido algunas decisiones judiciales que le han obligado a reconocer su responsabilidad. Faltan entonces muchas verdades, y es lo que demandan las víctimas; antes que condenas judiciales quieren saber quiénes fueron los responsables, en nombre de quién actuaron y por qué. La impunidad es enorme y así no puede haber paz. Falta además compromiso con la Reparación Integral de las Víctimas, así como garantías de No-repetición de hechos victimizantes. A esto deben comprometerse no sólo la insurgencia, sino el gobierno, que por ahora continúa agrediendo a las comunidades y desconociendo derechos fundamentales; igualmente el aparato paramilitar sigue actuando bajo diversas denominaciones, amenazando y hostigando a defensores de Derechos Humanos, a candidatos de izquierda y asesinando a líderes populares. ¿Hasta cuándo?

El proceso de paz requiere además de un clima propicio para su desarrollo. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad sustancial en este propósito y deben asumirla. Infortunadamente, intereses de grupo y afanes electoreros condicionan la información, distorsionan la realidad y deforman la opinión. Impera la mezquindad. La solidaridad anda extraviada, hay que rescatarla.