La investigación que tiene en líos jurídicos al alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón, acusado de beneficiar con un contrato a uno de sus financiadores de campaña, promete un extenso juicio en los estrados judiciales de Valledupar. 

En el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento se desarrolló la audiencia preparatoria en la cual la Fiscalía y la defensa anunciaron sus elementos materiales probatorios que pretenden presentar en el juicio del mandatario por el delito de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.    

La fiscal 5 seccional, Carolina Mora, anunció más de 10 elementos probatorios entre los que se encuentran como testigos investigadores del caso, informe de campaña electoral e informes de organismos de control, entre otros. 

El ente intentará demostrar que el mandatario habría violado la ley al realizar en su administración un contrato con Gustavo Alberto Arias Pérez, representante legal de la Asociación de Productores Agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Asoprokia, quien habría sido el principal financiador de su campaña electoral en los comicios del 2019. 

El contrato lo celebró el 26 de marzo de 2020 el secretario de Planeación, Newton Glenn Sequeda Posada, delegado por el alcalde, con Gustavo Arias por valor de unos $93.500.000 con el fin de adquirir productos para mitigar la pandemia ocasionada por el coronavirus.

No obstante, para la Fiscalía la contratación, que fue directa, no debió realizarse debido a que el contratista estaba inhabilitado por haber entregado $10.500.000 a la campaña electoral del alcalde. 

Es decir, que Gustavo Arias fue el que más aportó en la campaña de los tres financiadores que tuvo Danilo Duque quien reportó gastos de $73.150.000, de los cuales una gran parte fue con recursos propios.  

LA DEFENSA 

La abogada defensora Lilibeth Olivares, por su parte, manifestó tener cinco testigos del caso y un acervo de elementos documentales. 

Olivares al sustentar la pertinencia de la mayoría aseguró que el alcalde delegó esa función y mucho tiempo después fue que conoció que habrían contratado. 

“El señor Gustavo Arias fue quien le dio aviso al secretario de Planeación de que había un impedimento y que el contrato no podía continuar, él mismo fue quien avizora. Por esa razón, el señor Danilo Duque Barón no tenía conocimiento en ese momento en la etapa previa del contrato que se estaba realizando, y que fue muy posterior cuando ya el contrato estaba suscrito y se dio el anticipo, que con ese oficio el señor Gustavo Arias entregó que había una posible inhabilidad inmersa”, manifestó Olivares. 

Explicó, además, que no se terminó de materializar y que el contratista devolvió todo el anticipo.

Para la defensa ni el secretario de Gobierno ni la alcaldía actuaron en virtud de violación a las normas de la contratación pública.