La etapa preparatoria del juicio oral contra el indígena arhuaco, Narciso Torres Torres, se inició ayer. Este hombre es acusado del delito de invasión de tierras en el que resulta afectado el abogado Luis Martínez Cataño, propietario de 250 hectáreas de terreno en la región de Los Besotes, al norte de Valledupar, por un valor […]
La etapa preparatoria del juicio oral contra el indígena arhuaco, Narciso Torres Torres, se inició ayer. Este hombre es acusado del delito de invasión de tierras en el que resulta afectado el abogado Luis Martínez Cataño, propietario de 250 hectáreas de terreno en la región de Los Besotes, al norte de Valledupar, por un valor de 170 millones de pesos, cuya ocupación ilegal, según el denunciante, fue autorizada por el entonces cabildo gobernador de la misma etnia, Luis Alberto Torres Torres.
El terreno que estuvo en opción de venta para ampliar el resguardo indígena, no ha sido comprado a su propietario y la familia nativa, mantiene ocupados esos predios sin autorización de su dueño, quien los reclama con documentos en mano, para que quienes lo invadieron, lo desocupen previa diligencia que adelantan las autoridades judiciales, ante la demanda de su propietario.
Estos predios están ubicados en el sector donde la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, proyecta construir la represa de Los Besotes y la misma entidad ha hecho contactos para la compra de los mismos.
La audiencia fue postergada para próximos días, ante la falta de algunos testigos que presentó el demandante Martínez Cataño, quien ha insistido en que le desocupen sus predios.
Indicó, que una vez el indígena Narciso Torres invadió su propiedad, le destruyó la casa, los cultivos y otras construcciones y ha venido usufructuando de esos terrenos desde hace varios años, debido a que la compra solo se quedó en promesa.
Los predios en litigios se denominan Nazareth, que según el denunciante, son propiedad privada y no hacen parte del resguardo indígena, como ellos quieren hacerle saber a la opinión pública.
Por Abdel Martínez Pérez
[email protected]
La etapa preparatoria del juicio oral contra el indígena arhuaco, Narciso Torres Torres, se inició ayer. Este hombre es acusado del delito de invasión de tierras en el que resulta afectado el abogado Luis Martínez Cataño, propietario de 250 hectáreas de terreno en la región de Los Besotes, al norte de Valledupar, por un valor […]
La etapa preparatoria del juicio oral contra el indígena arhuaco, Narciso Torres Torres, se inició ayer. Este hombre es acusado del delito de invasión de tierras en el que resulta afectado el abogado Luis Martínez Cataño, propietario de 250 hectáreas de terreno en la región de Los Besotes, al norte de Valledupar, por un valor de 170 millones de pesos, cuya ocupación ilegal, según el denunciante, fue autorizada por el entonces cabildo gobernador de la misma etnia, Luis Alberto Torres Torres.
El terreno que estuvo en opción de venta para ampliar el resguardo indígena, no ha sido comprado a su propietario y la familia nativa, mantiene ocupados esos predios sin autorización de su dueño, quien los reclama con documentos en mano, para que quienes lo invadieron, lo desocupen previa diligencia que adelantan las autoridades judiciales, ante la demanda de su propietario.
Estos predios están ubicados en el sector donde la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, proyecta construir la represa de Los Besotes y la misma entidad ha hecho contactos para la compra de los mismos.
La audiencia fue postergada para próximos días, ante la falta de algunos testigos que presentó el demandante Martínez Cataño, quien ha insistido en que le desocupen sus predios.
Indicó, que una vez el indígena Narciso Torres invadió su propiedad, le destruyó la casa, los cultivos y otras construcciones y ha venido usufructuando de esos terrenos desde hace varios años, debido a que la compra solo se quedó en promesa.
Los predios en litigios se denominan Nazareth, que según el denunciante, son propiedad privada y no hacen parte del resguardo indígena, como ellos quieren hacerle saber a la opinión pública.
Por Abdel Martínez Pérez
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