A las 10:25 de la mañana del martes 24 de septiembre, el Comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, coronel Wber Orlando Pulido, pidió excusas públicas ordenadas mediante acto judicial, por fallo del Juzgado Primero Administrativo de Valledupar y coadyuvado por el Tribunal Administrativo del Cesar por la muerte de Noemí Ester Pacheco Zabata, quien se encontraba en estado de embarazo, y fue asesinada el 9 de febrero de 2005, en una finca ubicada en la comunidad de El Cerro, en la vereda El Pontón, perteneciente al corregimiento de Atánquez, Cesar; de acuerdo con el coronel Pulido “producida en desarrollo de operaciones militares por personal militar”.

El acto que se hizo en medio de autoridades civiles, gubernamentales y medios de comunicación tenía un atractivo particular y notable: los padres y familiares de la joven asesinada, no estuvieron; a pesar de que la comunidad Wiwa había interpuesto una tutela para que el acto simbólico se realizara en un recinto indígena, se hizo en la guarnición militar. 

EL PILÓN se encargó de buscar las respuestas en Joselino Pacheco, padre de Nohemí, pero fue imposible, porque Pacheco fue mordido por una araña y hoy se encuentra en tratamiento de recuperación en su resguardo indígena. 

Sin embargo, este diario habló con el director de la comisión de Derechos Humanos del pueblo Wiwa, Pedro Manuel Loperena, quien argumentó “nunca fuimos oficiados del acto y si lo hicieron no tiene validez”.

“En cuanto al acto público que tiene que ver con pedir perdón por parte de la fuerza pública, el Batallón La Popa, por la muerte de la niña Noemí Ester Pacheco Zabata que estaba en estado de embarazo, la cual tenía 13 años en ese entonces, junto con su esposo Hermes Carrillo, se tenía que llevar un acto de perdón público por esta guarnición militar, que fue asignada por un Juez del Tribunal de Valledupar para los familiares; padres, hermanos, miembros del pueblo Wiwa y hasta ahora me acabo de enterar que hicieron este tipo de acto por EL PILÓN; nosotros no sabemos nada”, aseveró el líder indígena. 

Para Pedro Loperena “es algo ilógico e insólito, y no sé a quién le están pidiendo perdón: si era un acto público a cuál público le estaban pidiendo perdón, porque se supone que la orden judicial lo que solicita es que debía pedírsele públicamente a los familiares y no al público; ahora si el público son los familiares yo creo que no están equivocados, pero es a ellos a quien tienen que pedirle perdón”, anunció en respuesta a las preguntas sí estaban de acuerdo con las excusas.  

El jefe del batallón militar, coronel Wber Orlando Pulido dijo a través del comunicado, que leyó: “Es así, que el Comando del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, pide disculpas a los familiares de la joven Noemí Ester Pacheco Zabata por su muerte, la cual tuvo lugar el día 9 de Febrero de 2005, en el corregimiento de Atánquez, jurisdicción del municipio de Valledupar, asegurándoles a todos y cada uno de los presentes, que trabajamos arduamente para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a presentar”.

A esto, el defensor de los Derechos Humanos dentro de la Organización Wiwa Yugumalún Bunkuanarua Tayrona, respondió: “Es que nosotros no lo conocemos (el perdón) ni por escrito, ni por radio, ni televisión; es la hora que me están preguntando y yo ni siquiera lo he visto en periódicos, mucho menos en noticias, para nosotros no existe, no sé a quién le pidieron excusas y perdón. Esta es la hora y el padre de la niña no lo sabe.

El padre de Nohemí en estos momentos no sabe nada de este evento que realizó la fuerza pública, debido a que lo mordió una araña en una rodilla y se encuentra en tratamiento. Yo que estoy aquí abajo y no sabía nada, él que está allá arriba menos”, señaló. 

Por el crimen, el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, confirmó las condenas con penas entre 31 y 34 años de prisión, a Boris Alejandro Serna Mosquera, Analdo Enrique Fuentes Estrada, Omar Eduardo Vaquiro Benítez y Deimer Cárdenas Martínez, integrantes del Ejército Nacional, a quienes hallaron responsables de los delitos de homicidio agravado, en concurso con los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falso testimonio.

A la par con estas penas se profirió una sentencia por cuenta del Juzgado Primero Administrativo de Valledupar, en la que se ordenó “realizar un acto simbólico por intermedio del comandante del Batallón de Artillería Número 2 La Popa, de Valledupar, para que en acto simbólico pida en nombre del Ejército Nacional, excusas públicas”. 

“A nosotros nos dijeron que para hacerlo en los patios de la Alcaldía o en la Gobernación, e incluso nos ofrecieron la Defensoría del Pueblo, y los familiares que acompañé, el papá de la joven Nohemí, ellos me decían: si la Alcaldía, la Gobernación y la Defensoría del Pueblo son sus papás, son sus hermanos, háganlo allá y no hay ningún problema, pero nosotros que somos sus padres de acuerdo a la ley y biológicamente, y la forma es donde ella vivía: en la comunidad de El Cerro, por lo tanto, debe ser allá, a donde deben ir a pedir el perdón estos señores y no venirlo a pedir aquí”, anunció Loperena. 

El primer acto público se debía realizar en mayo de 2012. No obstante, no se realizó. De acuerdo con los abogados de las víctimas, la citación no fue hecha con la antelación requerida por lo que, a través de un derecho de petición, se pidió el aplazamiento. 

Para la segunda ocasión, el Batallón de Artillería Número 2 La Popa, de Valledupar pidió las excusas, y para finalizar el documento, Wber Orlando Pulido expresó “No me queda más que expresar mis más sinceras condolencias a los familiares de la joven Noemí Ester Pacheco Zabata, cumpliendo con lo ordenado por nuestros jueces, expresando públicamente perdón por su deceso en los hechos sucedidos el día 9 de febrero de 2005, en el corregimiento de Atánquez, jurisdicción del municipio de Valledupar”.

Aunque los familiares no estuvieron presentes y ningún miembro de la comunidad Wiwa, el acto que tardó cuatro minutos se hizo, pero éste fue rechazado por el director de la comisión de Derechos Humanos del pueblo que está conformado por 15.000 miembros que viven en tres departamentos: Cesar, La Guajira y Magdalena.  

“¿Vale la pena pedir perdón a escondidas?, ¿vale la pena pedir perdón en donde los familiares, los afectados no se den cuenta? Cuando uno dice las cosas de frente eso es crear confianza como dice el Presidente Santos, y creo que es más discurso político del primer mandatario cuando sus subalternos no están haciendo lo que él está diciendo.

Qué pena, verdaderamente vergonzoso y es muy bochornoso que la fuerza pública haya pedido perdón de una manera tan escondida, tan oculta de los familiares y del pueblo, merecemos respeto frente a los Derechos Humanos”, subrayó.

Por otro lado, Loperena expresó “no conocemos nada, lo único que tenemos es esta inquietud que nos han dado a conocer a través del diario EL PILÓN, ahora vamos a trasmitir a los peticionarios para ver jurídicamente qué decisión continúa de aquí en adelante, porque esto para nosotros se nos sale de las manos y como hay unos apoderados con el caso ellos mirarán de acuerdo a la normatividad que sigue frente a esta situación”. 

Pedro Manuel Loperena denunció además que hace cinco meses fue víctima de un atentado y las investigaciones no han tenido avances, ni responsables de los actos que “marcaron mi vida y casi matan a mi familia, y eso sucedió en Valledupar”. 

La muerte de Noemí y su esposo 

De acuerdo con el proceso judicial, el 9 de febrero de 2005, sobre las dos de la mañana, los uniformados llegaron hasta una finca ubicada en la comunidad de El Cerro, en la vereda El Pontón, perteneciente al corregimiento de Atánquez, en Cesar, donde residía Noemí con su compañero, Hermes Carrillo, quien también murió en el ataque. 

Noemí aceptó a Hermes, de origen kankuamo, como su compañero cuando ella cumplió sus 13 años, conforme lo mandan las tradiciones de la etnia a la que pertenece.

Ambos, reza el expediente, fueron sacados a la fuerza del predio y tras ser acusados de ser presuntos colaboradores del frente 59 de las Farc les dispararon en repetidas ocasiones.

Los informes oficiales de operaciones presentados por la Décima Brigada Blindada del Ejercito Nacional, señalan a Noemí Pacheco Zabata y a su compañero, como miembros del mencionado frente que murieron en combate en la vereda El Pontón. 

“Ella vivía ahí (comunidad de El Cerro) con su esposo, entonces a las 2:00 de la madrugada se metió el Ejército de La Popa, la sacó y la llevó hasta la entrada de Candela, ahí la asesinaron, la vistieron de prenda de militares diciendo de que tenía un combate con la guerrilla del Frente 59”, declaró Joselino Pacheco en una entrevista para el portal web, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. 

Ahora, Joselino solo le resta recuperarse de la mordedura de la araña, recibir la noticia por director de la comisión de Derechos Humanos del pueblo Wiwa, y regresar a Valledupar para pedir explicación por el fallo de la tutela que fue interpuesta después de darse de que las excusas públicas por las que ha esperado ocho años y siete meses siguen sin llegar. 

“Los Derechos Humanos se respetan, y creo que de esta manera aún sigue la discriminación para el pueblo Wiwa, porque nos desconocieron, sigue la humillación, el racismo contra nosotros, esto es duro”: Pedro Loperena. 

“No conocemos nada, lo único que tenemos es esta inquietud que nos han dado a conocer a través del diario EL PILÓN, ahora vamos a transmitir a los peticionarios para ver jurídicamente qué decisión continúa de aquí en adelante”. 

Por Carlos Mario Jiménez 

[email protected]