Por estos días se realiza un proceso trascendental para el futuro de la Universidad Popular del Cesar, como es el debate y la actividad proselitista para la elección de los representantes de distintos estamentos al Consejo Superior y al Consejo Académico.
Y lo mínimo que se espera en este tipo de procesos es que los debates se hagan con altura, con una gran calidad en materia de propuestas para los estudiantes, los egresados, profesores, y – en general- para el futuro de la comunidad académica upecista. En buena hora los foros que se han organizado para escuchar las propuestas de los distintos aspirantes, moderados por reconocidos periodistas de la ciudad.
No obstante; también es de esperar que opere, de verdad, la democracia y que brillen las mejores propuestas y los mejores perfiles de los representantes de los estudiantes, egresados, docentes y directivas. Así claro y así de sencillo…
Que el voto en la UPC sirva para que la voluntad de los distintos estamentos se pueda pronunciar de manera abierta, sincera y democrática; sin ningún tipo de constreñimiento al elector; a fin de cuentas se trata de respetar la voluntad popular para garantizar la misma autonomía universitaria, ante otros estamentos sociales.
Sin embargo, una cosa es la teoría y otra bien distinta, lamentablemente, es la práctica. Y no queremos pecar de ingenuos. Y debemos decir que se ha conocido – de manera extraoficial- de casos de tráfico de influencia, de promesas por debajo de la mesa y hasta de amenazas veladas para apoyar a este o aquel candidato. Situación esta que es triste y lamentable y que debe ser desvirtuada, en la realidad, por los mismos estamentos de la comunidad académica: estudiantes, docentes, egresados y directivos.
En estos procesos tiene un papel trascendental el Tribunal de Garantías que debe velar, como su nombre lo indica, para que las cosas marchen como debe ser: con transparencia y libertad. Mucho es lo que se espera de este organismo.
Sin embargo, son los mismos estamentos universitarios los llamados a darle un ejemplo de libertad y democracia al resto de la comunidad vallenata y cesarense. Y – por lo tanto- deben ser las mismas bases las que salgan a defender su autonomía y su verdadera opinión en las urnas, el próximo 24 de mayo. Los mismos estudiantes, profesores y empleados, de manera organizada, deben actuar como veedores del proceso.
Ya que sería muy lamentable, reiteramos, que el proceso fuera otro caso de politiquería y clientelismo, que tanto mal le han hecho a la UPC, al igual que ha sucedido en otras universidades públicas de otras regiones del país. Desde las bases se debe buscar la depuración de la institución, en su conjunto.
Y sería bueno que la Procuraduría General de la Nación, entre otros órganos de control, asumiera de oficio la vigilancia de este proceso, para prevenir eventuales irregularidades y posteriores quejas, denuncias, y hasta demandas del mismo proceso electoral.
De nuestra parte, estaremos muy atentos a la evolución de este proceso electoral en la UPC, que tanta trascendencia tiene para el desarrollo de la gobernabilidad en esa importante institución, la más importante en el sistema de educación superior del departamento del Cesar y – en general- de la Región Caribe.