Por: Amylkar D. Acosta M1
Después de la tempestad viene la calma. Después de las declaraciones altisonantes del Presidente de la Cámara y Director del PLC Simón Gaviria, secundada por otros parlamentarios inconformes con el reparto de la mermelada de las regalías, todos a una como en Fuenteovejuna terminaron aprobando el texto de la conciliación que apenas la víspera había provocado su ira santa y, como diría el poeta León De Greiff, todo pasó sin que pasara nada. Finalmente, sin mayores contratiempos, el Gobierno logró su cometido, el proyecto de ley que reglamenta y desarrolla el Acto legislativo 05 de 2011 fue aprobado en tropel y pasó a sanción presidencial. Las aguas volvieron a su cauce y todos tan contentos.

Fueron muy pocos e insustanciales los cambios introducidos al texto de la conciliación que se había conocido en plenas festividades navideñas y la cual recogió el Gobierno en su Decreto Ley 4923 del 26 de diciembre. Qué hizo posible que aquellos que se declararon egañados y engatusados por el Gobierno ahora lo acompañaran tan dócilmente? Indudablemente, la habilidad del Gobierno Nacional, al reservarse uno de sus ases y sacarlo justo en el momento requerido:  el prestidigitador Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, adicionó $900.000 millones más, que aparecieron por arte de birlibirloque, a los $8.2 billones en que había sido aforado el primer presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) que había sido expedido por el Gobierno mediante el Decreto 4950 del 30 de diciembre de 2011. Mala cosa esa, porque lo que mal empieza mal termina.

Al disponer ahora de $9.2 billones, se cuenta con más mermelada para untarle a la tostada, sin menoscabo de las asignaciones que ya se habían hecho. A través del artículo 34, atinente al Fondo de Compensación Regional (FCR), del 40% que ya había acordado el Gobierno con los enfurecidos alcaldes que estuvieron a punto de hundir el proyecto de ley al final de las sesiones del período legislativo pasado, “para la financiación de proyectos de impacto local” con asignación específica a los municipios más pobres entre los pobres, ahora se tomaba 10 puntos de dicho porcentaje “para financiar proyectos presentados por municipios de cuarta, quinta y sexta categoría”. Estamos hablando de 343 municipios que están llamado a beneficiarse de este cambio de última hora.

Hay dudas sobre la legalidad y constitucionalidad del procedimiento que se siguió para la aprobación de este cambio, puesto que no estaba contemplado ni en el texto del Senado ni el de la Cámara y por lo tanto rompe el principio de consecutividad prescrito en la Ley 5 de 1972, que es el reglamento del Congreso de la República. La Corte Constitucional en su Sentencia C 040 de 2010 ha dejado en claro que “los asuntos que conforman un proyecto de ley o de Acto legislativo” son sólo aquellos que “hayan sido objeto de debate y decisión en sentido aprobatorio o denegatorio tanto en las comisiones constitucionales permanentes como en las plenarias”. Y este no es el caso; en consecuencia, es muy probable que se caiga en la Corte, pero ya cumplió su finalidad que no era otra que lograr la aprobación de la conciliación y después de ojo sacado no hay Santa Lucía que valga.
Otros cambios no menos cuestionados y cuestionables son aquellos a través de los cuales se incrementaron los porcentajes que tomará el Gobierno central tanto para la administración del SGR como como el Sistema de Monitoreo, seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), a los cuales se les asignó el 2% y el 1% de la totalidad de los recursos de SGR, respectivamente. Al sumar estos porcentajes con el 2% previsto en el Acto Legislativo 05 para la “fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y el conocimiento y cartografíoa geológica del subsuelo”, concluimos que la Nación se queda con el 5% de la totalidad de los recursos del SGR, que para este año bordeará los $500.000 millones.
Siempre me he hecho la pregunta por qué si en el caso del Sistema General de Participaciones (SGP), que maneja muchos más recursos que el SGR ($25.9 billones, aproximadamente), el Ministerio de Hacienda no cobra un solo centavo por administrarlo, tampoco se cobra para fiscalizar la fuente generadora de los ingresos corrientes que son la base y mucho menos por monitorear la ejecución de tales recursos, en cambio si cobran por el manejo, fiscalización y monitoreo de los recursos del SGR. Otro aspecto que varió con respecto al texto original de la conciliación es el que hace relación a los recursos del Fondo de Pensiones Territoriales (FONPET). Se dispuso que cuando la subcuenta correspondiente a una determinada entidad territorial supere el 125% de su pasivo pensional, esta podrá pagar las mesadas e invertir la suma excedentaria. A este respecto cabe preguntarse en dónde queda la cantaleta del Ministro Echeverry en su sermón sobre la equidad intergeneracional.

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