Por: Luis Elquis Díaz

El Coordinador de Departamento de Estado para la Cumbre de las Américas, John Feeley  sostuvo que la posición de Washington frente a los procesos sobre la legalización de las drogas continúa cerrada, por lo tanto la política de prohibición seguirá como única alternativa, aunque están dispuestos a escuchar otras.
El problema del consumo de drogas no termina con la despenalización o legalización, pues allí no solo confluye el aspecto social, sino todo el andamiaje alrededor de la cadena productiva que es finalmente el beneficiario en términos académicos. El imperio del manejo del mercado se ha constituido en una carretera abierta que descubre otras líneas para el crimen organizado y la corrupción institucional especialmente en los países productores.
Estados Unidos se mantiene prevenido cuando se da apertura al debate  “Tenemos una corresponsabilidad porque el consumo está acá, en Europa, y los mercados tiene la responsabilidad de hacer más. Si nosotros no deseamos asumir la legalización entonces debemos buscar otras soluciones”, dijo John Feeley, durante un foro en Washington organizado por el Diálogo Interamericano.

Considerar la legalización como alternativa de solución creyendo que por factores de las leyes del mercado disminuiría la producción o el consumo, sería la mayor ingenuidad, especialmente por la escalera de cabecillas, las cuales continúan vigentes, no obstante, a la lucha sostenida durante casi tres décadas.  El fortalecimiento institucional se constituyó en la política para sostener como emblema que controlaría el fenómeno del narcotráfico. Sin embargo, en los países productores hizo metástasis a través de la participación de los dineros del narcotráfico en la institucionalidad.

La política que salvaguarda la fortaleza de las instituciones está ligada al sistema judicial y policial. Nuestro país con ello ha sido consecuente estimulado por los aportes recibidos, por ejemplo para la ejecución del plan Colombia. Asimismo, convirtiéndose en el país con mayor numero de extraditados a Estados Unidos para que sean juzgados por su justicia. El gobierno del ex presidente Uribe ostenta el record de resoluciones expedidas para la extradición. Cumplir con el objetivo tipificado en la extradición de alguna manera se constituyo en una fuerte política a la cual temen muchos de los neo narcotraficantes; sin embargo, fue la puerta de escape para otra corte de delincuentes que no eran propiamente narcotraficantes.

Mientras las instituciones judiciales y el aparato militar lograron su cometido fortaleciéndose el daño ambiental y social sufrió un proceso de descomposición, el cual desde entonces es peor que la propia lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos propende por sostener la política de prohibición; sin embargo, la lucha contra la distribución y el consumo en su territorio cada día se fortalece. Motivados por esta situación los países de América Latina en cada oportunidad se expresan a favor de la legalización.

El negocio del narcotráfico es altamente rentable, es – sin duda- la matriz gestora de todos los problemas que circundan a partir de él, no le importa lo que deba suceder con tal de permanecer posicionado y siempre cuenta con un director a la cabeza. La legalización implicaría recomponer el sistema judicial para tratar lo pertinente, de igual forma evitaría la producción en la clandestinidad, a su vez disminuiría los costos del estado para contrarrestarla.  Apostarle al credo de la legalización o despenalización como actualmente pregonan varios mandatarios del continente, tendría mayor eficiencia si estos países tuvieran mejores indicadores en cuanto a la producción agrícola, la redistribución de la riqueza y posesión de la tierra.  Bajo estas condiciones la despenalización o legalización tendría efectos inmediatos tanto en lo institucional como en lo social, teniendo en cuenta el costo en la lucha antidrogas y de los insumos para la producción.

Pese a los pronunciamientos de los mandatarios del continente es poco probable que felizmente se legalice o despenalice el consumo de drogas, no solo por los grandes aportes de capital de los Estados Unidos que paradójicamente son igualados y/o superados por los ingresos generados a partir de la distribución y comercialización en su propio territorio. ¿Allá quien controla?

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