Entre Otras Cosas…

Por: Dario Arregoces

En el proyecto de Acto Legislativo, presentado por el gobierno del presidente Santos, en cabeza del Ministro del Interior Germán Vargas Lleras, se establece como finalidad de la reforma, entre otras, la de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la administración de justicia.
Por lo extenso del proyecto y por la limitación de este espacio, sólo se comentará el aspecto relacionado con la elección del Contralor General de la República y la del Procurador General de la Nación, haciendo un parangón entre lo que está vigente y lo pretendido con la reforma, para finalmente opinar sobre su conveniencia o inconveniencia.
En este orden de ideas, actualmente el Procurador General de la Nación, es elegido por el Senado, de terna  conformada con una terna de candidatos del Consejo de Estado, La Corte Suprema  y el Presidente de la República, para un período de cuatro años. Así reza en el artículo 276 de la Carta Política de 2001. Con la reforma se modificaría lo anterior de tal forma que el Procurador sería nombrado por el Congreso de la República en pleno, previa convocatoria a concurso público para la integración de la terna. La elección se hará después de oír en audiencia pública a los candidatos y se aclara que el voto por parte de los señores congresistas sería público y nominal y el elegido regentará el cargo por cuatro años. Así quedó plasmado en el artículo 24 de la citada reforma.
Al respecto es preciso anotar que la idea de un concurso público para la escogencia del Procurador,  es atractiva y es, nada menos y nada más, que llevar a la práctica el pensamiento de Platón en su obra La República, donde manifiesta que los gobernantes deben ser siempre los que cuenten con mejor preparación, los más inteligentes y capaces de tomar decisiones, no obstante la amarga experiencia vivida en el gobierno del ex presidente Uribe, donde se implementó la meritocracia, impulsada por Francisco Santos, desde la Vicepresidencia, en la que después de hacer convocatoria pública de todos los aspirantes y directivos de institutos descentralizados- cuyo gasto corrió por cuenta del erario-, terminó tristemente con la ratificación en sus cargos de más del 95% convirtiéndolos automáticamente en peones de ajedrez y  cuya continuidad  vino a depender ya no del favor de sus jefes políticos regionales, sino del gobierno de turno.
En cuanto a la elección del Contralor General de la República, que actualmente es elegido para un período de cuatro años por el Congreso en pleno, de terna integrada por candidatos de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y  de  la Corte Constitucional, sin derecho a ser reelegido.
La reforma de marras,  establece en su artículo 21, una elección igual a la del Procurador, y así las cosas lo que se observa claramente es la intención de dejar en manos del Legislativo la elección de estos funcionarios, con el agravante de que nuestro Congreso es demasiado obsecuente con el Ejecutivo, lo que a su vez, resulta nefasto para la democracia, que defiende a ultranza el sistema de pesos y contrapesos y cuya finalidad es – precisamente- evitar la concentración de poder en cabeza del presidente.

LA FRASE DE CIERRE: Tomada de la columna escrita por Alfonso Gómez Méndez: “En la Colombia del siglo XXI, la presidencia sigue siendo tan poderosa como la concibieron Núñez y Caro en 1886. Cuando se “empantana” un proyecto en el Congreso, no son los elocuentes discursos del ministro de la Política (como en otras épocas con Echandía o Alberto Lleras) los que persuaden a los parlamentarios sobre su bondad, sino una cita matutina, o al filo de la medianoche, en la Casa de Nariño. Si se dificulta la elección de Fiscal General y de presidente de la Corte Suprema, es otra reunión nocturna en la casa presidencial la que resuelve lo que parecía insoluble”.

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