Tras trece años de malos manejos, corrupción y despilfarro del erario, los ciudadanos  del municipio de La Jagua de Ibirico tendrán que pensar muy bien en quien depositarán su voto de confianza  para las próximas elecciones del 30 de octubre.
La Jagua de Ibirico es un municipio de 22 mil 163 habitantes que no tiene agua para el  consumo humano; las vías presentan un mal estado; existen un número indeterminado de obras inconclusas  y sus pobladores padecen males ocasionados por el polvillo del carbón siendo esta,  la tercera causa de consulta médica.
Sin embargo, la población completa 25 años de explotación minera  y producto de esta actividad  ha recibido más de 300 mil millones de pesos en regalías de carbón en los últimos diez años. Paradójicamente,  es uno de los municipios del Cesar que se acogió a la Ley 550,  conocida como Ley de Quiebras debido precisamente, a los  malos  manejos de los recursos. Así mismo, el municipio está dentro del mapa de riesgo por fraude electoral en las elecciones que se avecinan; hasta el momento se han impugnado 1.507 cédulas de las 4 mil 406 cédulas inscritas. El último alcalde fue elegido con 3 mil 700 votos.
Además,  desde 1998 el municipio ha entrado en un cuello de botella  con todos los alcaldes que han sido elegidos popularmente quienes han estado involucrados en escándalos de  corrupción  que han llevado al municipio a la marginalidad, la pobreza y la crisis política y social.

Alcaldes señalados por corrupción
De 1998  al 2000, la alcaldesa Ana Alicia Quiroz Martínez fue condenada por peculado por apropiación. Cumplió su condena.
Para el periodo  2001 al 2003 fue elegido Hernando Enrique Díaz, quien desvió dineros de las regalías a sus cuentas personales. Huyó de la justicia y luego fue  capturado en Venezuela. Fue condenado y hoy tiene la casa por cárcel.
Entre los años 2004 al 2005 fue elegido Osmán Mojica Cuadro, quien fue destituido y condenado por contratar sin el lleno de los requisitos legales y por falsedad en documento privado; peculado por apropiación  por firmar contratos inexistentes por 3 mil  827 millones y concierto para delinquir por presunto nexo con grupos ilegales.  Está preso en la Cárcel Judicial de Valledupar.
En 2005 al 2006, Edison Lima Daza como alcalde encargado contrató 36 mil millones de pesos en  solo cuatro meses. En la actualidad está preso por celebración indebida de contratos e incumplimiento en los requisitos legales, peculado y tiene cinco condenas en su contra.
Entre el 2006 y 2007 el alcalde Laureano Rincón fue suspendido por contratación indebida. Hasta el momento no se conoce su paradero.
Por último,  Alfonso Palacios Niño  durante su periodo de gobierno del   2008 a 2011 fue destituido e inhabilitado por peculado por apropiación,  por declarar una urgencia por un vendaval en el municipio con un sobrecosto y lleno de inconsistencias. Fue capturado en agosto de 2010, quedó libre a los pocos días. Aun no ha sido condenado.