Cuando apenas se está iniciando la temporada de lluvias del segundo semestre del año, ya el país muestra unas imágenes deprimentes y unas cifras desoladoras en materia de muertos, ahogados, damnificados y miles de millones en pérdidas en cultivos, animales, muebles y enseres.
En efecto, sólo en esta segunda temporada invernal ya van 26 muertos, 37 heridos y más de ochenta mil personas afectadas, según las cifras de la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior. Lo más grave es que el invierno apenas está comenzando, y sus daños vienen a sumarse a los registrados el año pasado y a comienzos de este año.
Y a pesar de los anuncios y llamados del propio Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en el sentido de agilizar la gestión del Estado para ayudar a los miles de damnificados y adelantar las obras para evitar que la tragedia de repita, lo cierto es que el Estado ha mostrado una paquidermia increíble frente al tema que muestra magnitudes alarmantes por la lentitud en la ejecución del gasto público del nivel nacional, y en particular el relacionado con las partidas aprobadas para obras establecidas para hacerle frente a los daños por el invierno.
El país espera que sea el propio Jefe del Estado el que coja el toro por los cuernos y le haga frente a ese defecto que tiene el sector público nacional, que le impide ser más ágil en la ejecución del gasto, principalmente cuando este va dirigido a las regiones y a los sectores más pobres. Contrasta esa situación con la paradoja de la rapidez con la cual se ejecutan los gastos, cuando se trata de alimentar la corrupción y la ineficiencia, en las grandes obras y negociaciones encaminadas a favorecer a determinadas y grandes empresas de Bogotá, principalmente.
En el caso del departamento del Cesar, donde el invierno sigue causando estragos de gran magnitud, las comunidades afectadas esperan que esta vez las obras no se queden en anuncios y – por el contrario- se hagan; y que la ayuda llegue de manera oportuna y adecuada, ya que cuando llega tarde no vale la pena.
En el departamento, las autoridades hablan de más de 1.500 familias damnificadas, miles de hectáreas de cultivos  y pastos inundadas y miles de cabezas de ganado que tendrá que ser reubicados. Las pérdidas son millonarias y se suman a las del año pasado…
Ojalá el gobernador, Cristian Moreno Panezo, lidere la atención de la emergencia, en coordinación con los alcaldes de las poblaciones más afectadas y se convierta en el vocero de estas comunidades ante el gobierno nacional. Se deben concluir las obras iniciadas, en materia de contención de los ríos y los caños, y que permitan evitar más daños a acueductos y alcantarillados. El tema vial es otro frente de trabajo, amplio y complejo que depende, en buena parte del gobierno nacional.
En este tema también hay que estar muy alerta para evitar que el invierno afecte la llegada y distribución de alimentos en el departamento.
Y en el caso de Valledupar, los aguaceros del fin de semana ratificaron la alta fragilidad que tiene la capital del Cesar, en esta materia.
La planeación y realización de un alcantarillado será uno de los retos más urgentes que tendrá que asumir el próximo alcalde. El tema no da espera; da lástima ver a Valledupar igual o peor que Barranquilla, cuando el invierno apenas está comenzando.
No obstante, mientras este Plan se inicia y se construye, se requieren acciones de contingencia de gran envergadura, para evitar que la ciudad colapse por culpa del invierno. Esta situación, sumada a las deficiencias estructurales en materia de tranporte público y al estado de las obras que la presente administración demuestra que la ciudad, prácticamente se paraliza con cualquier aguacero, y eso no podemos permitirlo los vallenatos. En este frente tiene que actuar de manera rápida, coordinada y oportuna Emdupar, el cuerpo de bomberos y la Secretaría de Obras Públicas. Este es un tema que no da espera.
De nuevo el invierno pone en jaque el Estado, a todo nivel y –otra vez-, como sucede todos los años, son los sectores y las zonas más vulnerables las que ponen los mayores damnificados.