Por: Luis Rafael Nieto Pardo
Defensor público
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La Abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia.

La principal función del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares.  También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.  La defensoría pública, la de oficio y la abogacía de pobres, no pueden escindirse de la función social de la profesión.  “No puede ser en otro sentido el pronunciamiento de la Sala en el asunto sub examine porque las cargas públicas profesionales que se derivan de las figuras del servicio de defensoría pública, defensoría de oficio, curaduría ad ítem y abogacía de pobres de los casos establecidos por la Ley no pueden escindirse de la función social que se impone a la profesión en el artículo 1º del Decreto 196 de 1971, o sea la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia” (CS Jud. Discip., Sent feb 4/93. M.P. Miryam Donato de Montoya).

Pedro Juan Pérez Orozco, abogado, oriundo de Soplaviento (Bolívar), trabajaba en la Defensoría del Pueblo en Barranquilla cuando fue asesinado;  tenía 30 años de estar litigando, fue secretario de gobierno, asesor de la Asamblea del Atlántico y concejal de Barranquilla. Tuve el placer de conocerlo y por ello me alegra que se haya hecho justicia al ser condenado su asesino a 31 años de prisión que le impuso la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla a William Ariza Antequera (alias Lucas), como responsable del asesinato del abogado y amigo ocurrido el 5 de octubre del 2005 en dicha ciudad.

Todo hacía presagiar que la impunidad seguiría campeando alrededor de estos crímenes atroces que no distinguen en la calidad de las personas ni respetan rangos ni clases sociales, ni sexo, ni religión, ya que en la investigación inicial el asesino con el alias de Lucas había sido condenado de manera absurda y preocupante a sólo 72 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir, por un juzgado especializado de descongestión de Barranquilla;  pero por fortuna, la Fiscalía a su debido tiempo hizo uso del derecho de impugnación decisión que en su momento también fue coadyuvada de manera excepcional por el representante del Ministerio Público;  y todo, con el fin de que no quedara impune la muerte de nuestro amigo y compañero de causa, el Defensor Público Pérez Orozco

El argumento central del recurso de apelación fue encaminado a demostrar, tal y como hemos venido insistiendo en nuestros escritos, que el Juez de Primera Instancia (de Descongestión) no realizó a conciencia una valoración exhaustiva en conjunto del material probatorio y “olímpicamente” desechó aspectos relevantes de varios testimonios  que habían sido recaudados a través del proceso investigativo.  Por fortuna, la segunda instancia, llámese Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, hizo una revisión exhaustiva y responsable de la argumentación y no sólo impuso la sentencia ya mencionada, sino que además le dio como valor agregado una multa equivalente a dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, que como bien deben saber, hacen parte de la pena principal como sanción y que por lo tanto por ahora, resultaría utópico pensar que este asesino no salga anciano de la cárcel, si acaso no muere en las glaucas profundidades de un  penal de alta seguridad.  Paz en la tumba del amigo y colega Peyo Pérez.