Entre Otras Cosas…

Por Dario Arregoces

A más de uno sorprende el hecho de que la Corte Constitucional haya rechazado la información contenida en el computador de Raúl Reyes, abatido el primero de Marzo de 2008 al sur del río Putumayo en territorio ecuatoriano. El ex presidente Uribe Vélez, entre otros, ha “trinado” para señalar su inconformidad con el fallo emitido por el alto Tribunal.
Transitando por los vericuetos jurídicos, es importante saber que la información contenida en el computador de Reyes, sí bien es de  gran importancia, toda vez que se hallaron correos que comprometen a altas personalidades en la esfera política internacional, no es menos cierto que la forma como se llevó a cabo la  recolección del material probatorio, dejó mucho que desear en el ámbito jurídico.  Aquí es menester hacer la siguiente aclaración: Una cosa es el operativo militar como tal, que concluyó con la muerte del citado terrorista, y otra – muy distinta- es la validez jurídica que se le quiere dar al material probatorio (computador) incautado dentro del mismo.
Sobre este último aspecto resulta necesario recordar que  la recolección de pruebas en el extranjero, debe hacerse dentro del marco de la cooperación judicial internacional, con estricto acatamiento de las normas constitucionales, legales y administrativas propias de cada uno de los países cooperantes. Por principio de territorialidad las autoridades colombianas, tienen un claro límite de  competencia, allende las fronteras patrias. No obstante en virtud de los acuerdos judiciales de cooperación es factible que con la anuencia de los Estados cooperantes y siguiendo las reglas del debido proceso insertas en el tratado, se puedan practicar pruebas de incuestionable legalidad.
Sí las autoridades colombianas no cumplen con  estos requisitos de ley para la validez jurídica de las pruebas recaudadas, el valor de ellas,  será nugatorio. De otra parte, se le hace un flaco favor a la justicia, sí se hace prevalecer la  información  hallada en el computador de Reyes, en detrimento de caros principios fundamentales de orden constitucional,  tales como el de responsabilidad compartida en la lucha contra la criminalidad-en el ámbito internacional-, y principios de Legalidad y  el Debido Proceso, en lo que hace a la legislación interna.
Ahora bien las normas legales pretermitidas, tanto las de carácter internacional como las de orden nacional, van a gravitar irremediablemente sobre el proceso, por lo que aplica el Principio de Exclusión Probatoria, que no es otra cosa que la inadmisión  de la prueba obtenida con violación del ordenamiento legal, considerándolas, como lo ha hecho la Corte, nulas de plena derecho.
Queda para el gobierno del presidente Santos, la tarea de darle  viabilidad a los  acuerdos de cooperación judicial con nuestros vecinos, para que en lo sucesivo, se superen escollos jurídicos como los anotados.

NOTA DE CIERRE: Exigimos la inmediata liberación de la niña Nohora Valentina Muñoz,  y expresamos nuestro repudio vehemente a este tipo de acciones atentatorias de los Derechos Humanos y que involucran a niños inocentes en el conflicto armado.
[email protected]